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Ministro de Defensa da a entender que la intención de la enmienda sería convertir en “permanente” el Estado de Excepción

Bernardino Soto Estigarribia, ministro de Defensa.

ASUNCIÓN. Aunque intentó defender la idea del Ejecutivo de realizar una enmienda constitucional para permitir la intervención de los militares en cuestiones internas, lo que realmente dio a entender el ministro de Defensa, Bernardino Soto Estigarribia, es que el objetivo real sería convertir en “permanente” el Estado de Excepción en todo el territorio nacional, el que ya rige en 3 departamentos del Norte con la Fuerza de Tarea Conjunta.

Dijo que la intención del Ejecutivo al impulsar un proyecto de enmienda constitucional es que las Fuerzas Armadas colaboren con la Policía en la lucha contra el crimen organizado, y no militarizar las calles, aunque a renglón seguido aseguró que si no se modifica la Constitución, la única forma de conseguir que los militares ayuden en el combate de la delincuencia es declarando el Estado de Excepción.

El secretario de Estado dijo que la intención es “dar un amparo a las intervenciones de todos los efectivos militares que puedan ser utilizados en cooperación en la lucha contra el crimen organizado, no en el orden público común, sino solo con el crimen organizado”.

“No es militarización de las calles o militares en las calles, es la cooperación que puedan brindar los militares en la lucha contra el crimen organizado y no desarrollar actividades que corresponden constitucionalmente a la Policía. Ser un factor coadyuvante a la fuerza policial. Tener cobertura constitucional que sí mucho hace falta cuando efectivos militares sean empleados en seguridad interna”, añadió.

Refiriéndose a la atribución que sí tienen las Fuerzas Armadas en la Constitución, de proteger a las autoridades legítimamente constituidas de las amenazas externas, afirmó que “la amenaza de la estabilidad y seguridad de los estados ya no proviene solamente del ámbito externo. En este continente, eso pasa a segundo plano con relación al crimen organizado que sí es una amenaza grave y una realidad absoluta en los estados, es transnacional y puede poner en riesgo la seguridad del Estado”.

Negó que exista una “capacidad ociosa” en las Fuerzas Armadas, algo que dijo el mismo presidente de la República, y añadió que lo que se quiso decir fue que la milicia tiene “una capacidad no utilizada” que sí se requiere en este momento por la falta de una cobertura ideal por parte de la Policía, pero que no se puede utilizar por falta de un amparo legal y constitucional.

Soto Estigarribia manifestó que no se puede permitir esta participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado a través de un decreto o modificación de la ley que crea la Fuerza de Tarea Conjunta, porque esta se refiere solo al norte del país y no a todo el territorio, como es lo que ahora se requiere.

Expresó que la Constitución prevé la intervención de las Fuerzas Armadas en situaciones de extremo peligro, a través de la declaración de un estado de excepción, pero que la enmienda propuesta solamente pretende que los militares intervengan en la lucha contra el crimen organizado y no en el caso de los delitos comunes.

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