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ASUNCIÓN.- Se pervirtió tanto todo lo relativo al golpe de Estado, en materia económica, que hasta haber sido víctima de la dictadura se convirtió en un negocio lucrativo para inescrupulosos que acudieron al gobierno para obtener resarcimiento por sus “sufrimientos”, que no fueron más que mentiras.
Según investigación fiscal, la Defensoría del Pueblo, en la época de Manuel Páez Monges, entregó casi 1 millón de dólares en pagos irregulares a supuestas víctimas de la dictadura que, quedó demostrado, no lo eran. Sin embargo, la causa quedó prescrita por decisión de la fiscala Liliana Alcaraz, quien en el 2015 decidió archivar la denuncia.
Así que nadie devolvió nada. Y hasta el dinero que debía ser destinado para paliar en algo la terrible tragedia de quienes sufrieron persecución, cárcel, exilio y muerte durante el régimen de Alfredo Stroessner, fue robado por sinvergüenzas, lo que es el colmo. No solamente no se recuperaron las fortunas malhabidas sino que la propia ciudadanía terminó pagando los platos rotos, porque aunque se dice que es el Estado el que cede el dinero, todos sabemos que, en realidad, es la gente la que paga.
