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ASUNCIÓN.- Una vez más, el intento de transparentar el dinero de las campañas electorales, estableciendo normas que tenían la intención de evitar que mafias como la del narcotráfico aporten a las candidaturas, fracasó, ante la decisión del Senado, por unanimidad, de rechazar el proyecto que ya había sido aprobado, con modificaciones, en la Cámara de Diputados.
Varias veces ocurrió lo mismo. Algún legislador plantea que se introduzcan modificaciones en la ley a fin de evitar que las mafias sigan metidas en la política, y luego de varias dilaciones, en ambas cámaras, el proyecto termina en el tacho de la basura, porque, es justo reconocer, el dinero es bien recibido en todas las carpas políticas, sin importar su procedencia.
Ese discurso rimbombante de luchar contra la narcopolítica no es más que un bluf de quienes están seguros de que jamás se podrá modificar la legislación y poner requisitos más duros y transparentes para el dinero de las campañas políticas.
El proyecto de marras fue llevado y traído en ambas cámaras desde el año pasado. Unos decían que debía estar vigente para las internas de diciembre, pero el plazo venció. Otros que debía ser para las generales de abril de este año, pero también venció el tiempo. Lo cierto es que se decidió abordar ahora el tema, no para apurar las cosas y que la ley entrara en vigencia, por lo menos para las municipales del 2020, sino para darle, otra vez, un corte definitivo.
Insistimos con que el rechazo fue decidido por unanimidad ayer en el Senado, para dejar en evidencia que el interés por el dinero de las mafias no es característico de ningún sector político en especial, sino de todos, hasta de los que presumen de impolutos y honestos.
El proyecto ahora rechazado disponía, por ejemplo, que se debía conocer el origen del dinero que se recibía en una campaña electoral, es decir, tener bien identificado al aportante, ya no los famosos NN que llenaban las planillas. Con esto se evitaba que esa plata proviniera de personas que estuvieran involucradas en delitos como el narcotráfico.
Además, exigía que todos los sectores que participaban en elecciones debieran presentar declaración jurada en un plazo de 5 días luego de la oficialización de las candidaturas presentadas. Pero no pasó nada. Sigue vigente la misma ley permisiva y complaciente con la narcopolítica.
