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ASUNCIÓN.-Es lamentable, pero en los últimos años, no hubo ningún proceso –aunque esté claramente previsto en la Constitución- que haya seguido un curso normal, a tiempo y de manera clara y sin escándalos. Especialmente esto ha ocurrido cuando la Cámara de Senadores tuvo intervención, lo que ocurre en casi todos los casos en los que se requiere designar a quienes estarán al frente de instituciones importantes y fundamentales para la ciudadanía.
Así que no debería extrañarnos que esto, de nuevo, ocurra en el caso de la Fiscalía General de la República, cuyo titular tiene, desde hace más de un año, el mandato vencido y sigue al frente de la institución por reconducción tácita. Lo que ocurre es que tanto el Consejo de la Magistratura como el Ejecutivo cumplieron con lo que les atañe en este proceso, pero como la última palabra la tiene el Senado, allí está el tema, estancado desde hace meses.
Ninguno de los senadores tiene una objeción profesional contra la elegida por el Ejecutivo, la fiscala antisecuestro Sandra Quiñonez. Antes bien, todos reconocen su capacidad y valentía, por lo que resultaría idónea para el cargo. Sin embargo, dicen que la van a rechazar y como argumento aducen que la terna en la que fue elegida fue negociada, según aparece en los audios del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Es decir que basan su decisión en unos fonopinchazos obtenidos de manera ilegal. Un absurdo más de los tantos que ya hemos soportado a los senadores.
