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ASUNCIÓN.- Una vez más, el dirigente del movimiento político PMAS, Camilo Soares, no pudo logar un lugar en el Senado y de esta forma, no habrá “coquito” en la Cámara Alta. Su mote se remonta al 2009 cuando el mismo se desempeñaba como ministro de Emergencia Nacional, durante el gobierno de Fernando Lugo Méndez, actual titular de la Cámara de Senadores. La sobrefacturación en la compra de panificados, específicamente de coquitos, es uno de los casos más contundentes que complica Soares.
Según los antecedentes, el hecho cobró mayor impacto cuando la misma propietaria de la firma Don Raúl, Nancy Godoy, confirmó que su empresa estaba en condiciones de seguir operando con la SEN y mantener el precio del coquito a G. 4.530 el kilo. Sin embargo, Soares decidió concretar la compra a través de dos empresas, la primera: Orión Group, propiedad de Eduardo Tischler, que es una firma intermediaria, y de Casa Bahía, mercería, propiedad de Ludovico Lamberto Mieres, por G. 9.074 el kilo.
El argumento de Camilo para decidir no comprar de Don Raúl el producto fue que supuestamente la firma reclamaba, incluso por medio de manifestaciones contra la SEN, el pago por compras anteriores.
El llamado realizado por la SEN para la compra de los panificados se realizó a fines de marzo de 2009; sin embargo, según los recibos que constan en nuestro poder y que fueron proveídos por Don Raúl, la referida cuenta que mencionó Camilo ya había sido saldada en su totalidad el 4 de marzo.
Es decir, no había ninguna razón que impida comprar los coquitos de la empresa que había proveído a G. 4.530 el kilo. En ese sentido, la propietaria había dicho que sí estaban en condiciones de vender el producto, al mismo precio y la cantidad que estaba requiriendo la institución. El llamado inicial fue para la provisión de 42.000 kilos de coquitos.
En este caso puntual, la SEN pudo haber comprado los panificados por un valor total de G. 190.260.000, pero decidieron adquirir, la misma cantidad, por G. 381.108.000.
Por otra parte, en marzo de 2009, la SEN pagó un total de G. 1.248 millones a tres proveedoras (Don Raúl, Supermas y 2 de Julio) por la provisión de arroz, harina, yerba mate, aceite, fideos, porotos, coquitos, sal, maní y azúcar en el marco de una licitación pública nacional.
Asimismo, en junio del mismo año, la SEN, como ya se había declarado emergencia en cinco departamentos (Boquerón, Alto Paraguay, Presidente Hayes, Concepción y Ñeembucú), hizo un llamado para concretar una compra directa e invitó a tres empresas (Orión Group SA, Painco SA y MyF).
Ganaron las dos primeras, supuestamente, porque presentaron el mejor precio. Sin embargo, por la misma cantidad de productos alimenticios adquiridos en la licitación, la SEN tuvo que desembolsar G. 2.002 millones.
Es decir, hay una diferencia de G. 750 millones entre la licitación y la compra directa.
Pese a todas las evidencia, Camilo nunca fue a un juicio oral y público, gracias a sus influencias políticas y chicanas judiciales. Tratamos de hablar con él, pero nuestro esfuerzo resultó estéril.
