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Representantes de la Asociación de Operadores de Petropar oficializaron ayer la denuncia formal en la Fiscalía en contra de la titular del ente estatal, Patricia Samudio, por los supuestos hechos punibles de “tráfico de influencias, lesión de confianza, enriquecimiento ilícito y la revelación de secretos de servicio”, según citó el abogado del gremio, Luis Villamayor. La acción se sustenta en el retiro de US$ 20 millones depositados a favor de Petropar en bancos privados y su depósito en el banco GNB, y otros bancos, también privados; en lugar de transferirlos al Banco de Fomento como le obliga la Ley de Presupuesto.
ASUNCIÓN.- En el escrito arrimado a la Fiscalía por el gremio de Operadores de Petropar figura detalladamente los supuestos hechos punibles cometidos por la titular de la petrolera estatal, Patricia Samudio. La misma soporta acciones por “tráfico de influencias, lesión de confianza, enriquecimiento ilícito y la revelación de secretos de servicio”, según el escrito.
Ahora, Samudio deberá explicar ante la Justicia, ya no ante los micrófonos de los medios amigos, qué quiso hacer al transferir US$ 20 millones de la empresa estatal que estaban depositados en bancos privados a otros bancos del mismo orden y no llevarlos al Banco Nacional de Fomento (BNF), tal como le ordenan las leyes de Presupuesto y un Decreto presidencial de 2016, vigente.
Luis Villamayor dijo, que “llama la atención que ese dinero fue a parar en bancos acreedores de la empresa Triqueta S.A., propiedad de su esposo, José Costa Perdomo”. Solo en GNB, la empresa familiar, tiene una deuda de G. 2.000 millones. El Senado elabora un pedido de informe a Samudio, hecho por la bancada Honor Colorado. Diputados pidió lo mismo hace unos días.
La funcionaria insiste que no sacó dinero del BNF, tratando quizás de levantar más polvareda que confunda, mientras elabora mejor sus explicaciones, pero no cae en la cuenta que no logra su objetivo. Ahora, tendrá enfrente al Ministerio Público, pues los gremios afectados, por sus determinaciones, entregaron en la víspera una frondosa carpeta conteniendo pruebas de irregularidades cometidas por la presidente de la compañía petrolera.
“El festín en Petropar organizado por Samudio, ahora deberá ser explicado de otra manera, sin intentos de confusión, porque arrimamos muchos documentos que tienen su firma y que la comprometen”, explicó Luis Villamayor, asesor legal de la Asociación de Operadores de Petropar (Aopa), al cual se adhirieron los poderosos gremios taxistas de todo el país, nucleados en una Federación nacional y el de los camioneros, cuyos representantes están también diseminados en las rutas.
Expone, la carpeta, documentos que prueban que Samudio ordenó la transferencia de US$ 43 millones, que debieron ser depositados en el Banco Nacional de Fomento (BNF), a bancos privados, contrariamente a lo que establece la ley vigente y el decreto presidencial.
La sindicada, sigue tratando de explicar a través de los medios que nunca ordenó transferencias del BNF a entidades financieras privadas. Y eso es así mismo, ella tiene razón; pues la acusación dice que el dinero, que estaba depositado en bancos privados, fue transferido a otros bancos privados, cuando la Ley de Presupuesto y un Decreto presidencial obligan a que sea depositado en Fomento.
¿PARA QUÉ?
Es la pregunta que se hacen los denunciantes buscando respuestas a esta operación. Villamayor ensaya una, “llamativamente, el banco que más dinero recibió fue GNB PGY, entidad donde el esposo de Samudio, (José Costa Perdomo) posee una deuda de 2 mil millones de guaraníes”.
EL SENADO QUIERE SABER QUÉ HACE SAMUDIO EN PETROPAR
Al final de la tarde, los senadores de Honor Colorado, presentaron un pedido de informe de gestiones de la administración de Patricia Samudio al frente de Petropar. Con esto, se cierra un importante círculo en el Congreso, pues hace un poco más de una semana hizo lo propio la Cámara de Diputados. El pedido de los senadores fue inmediatamente girado a la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos.
La petrolera está, en estos momentos, en el centro de investigaciones periodísticas y algunos organismos de control, después de salir a la luz una serie de irregularidades perpetradas en dos meses por Patricia Samudio.
Los sectadores exigen respuestas de lo que quiso hacer la presidente de Petropar al retirar US$ 20 millones de bancos privados y al depositar en otras instituciones, también privadas, en lugar de transferirlos a cuentas oficiales de la compañía en el Banco Nacional de Fomento (BNF), tal como estipula la Ley de Presupuesto y un Decreto del 2016, vigente.
El documento contiene unas 23 consultas que buscan respuestas a una serie de gestiones de Samudio que, hasta ese momento, son consideradas irregulares y arriesgan seriamente los bienes y recursos del Estado, en algunos casos, en beneficio propio.
En las averiguaciones está incluida la vinculación de la presidente con la empresa Triqueta S.A. En declaraciones periodísticas, la funcionaria había asumido que es una firma familiar administrada por su esposo.
Se le consulta sobre las deudas de Triqueta S.A., con qué entidades bancarias o empresas y la vinculación con Monte Alegre S.A., Copetrol, BR, Gasur TPL o Puma.
Los senadores cuestionan, también, la compra de GLP de un competidor local a mayor precio, habiendo usado la vía de la excepción por urgencia impostergable, cuando que se podía comprar de Bolivia el producto.
VENTA DE PRIVILEGIO Y COMPRA DE GAS SON PAGOS DE FAVORES
La denuncia, que fue presentada ayer en el Ministerio Público, por parte de los Operadores de Petropar, pretende también encontrar explicaciones a la venta privilegiada de 7,5 millones de litros de combustibles a la firma Monte Alegre S.A., empresa cuyo principal accionista es Conrado Hoeckle (ligado al primer anillo del presidente Mario Abdo), a un costo ventajoso y a días del aumento del precio del hidrocarburo.
Destacó Luis Villamayor, abogado de los operadores, que se incluyó en la denuncia, que “la titular de Petropar adquirió 4 mil toneladas de gas licuado por valor de US$ 3,5 millones, de una empresa paraguaya, siendo que ésta es su competencia directa”. Esto ocasionó que el producto salga 100 dólares más caro por tonelada, al hacer una comparación a lo que habitualmente Petropar paga a un proveedor internacional.
En ambos casos, las sospechas indican, que estos negocios fueron parte de pagos de favores de la pareja Costa-Samudio, cuya empresa (Triqueta S.A.) mantiene deudas con Petromax, emblema de Monte Alegre S.A. y la empresa Copesa, cuyo presidente es Pedro Balotta, directico de la Cámara Paraguaya de Gas (Capagas), que proveyó GLP a Petropar a un precio muy elevado, que fueron trasladados al consumidor.
En la denuncia, que presentó Villamayor, se expone detalladamente el caso de Monte Alegre S.A. y los 7,5 millones de litros de combustibles, e incluye a Costa Perdomo como parte de las presuntas irregularidades.
