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ASUNCIÓN.- Todo el esfuerzo internacional realizado durante la administración Cartes por sacar al país de las listas grises se está viniendo abajo, a juzgar por referencias de la Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos. Cuatro años después (2015) de haber sido excluido de la lista negra de Estados Unidos, de nuevo ingresa “a raíz de la falta de cumplimiento de los mencionados puntos”, dijo Joel Talavera, titular de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI).
El gobierno, los administradores de justicia, han demostrado escasa gestión en la protección de la propiedad intelectual y el país volvió a ingresar a la lista de países que no protegen estos derechos.
La temida lista gris es elaborada por la Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos y la integran naciones en las que existe un alto índice de piratería y falsificación.
El viernes último, el United States Trade Representative (USTR) emitió su informe anual sobre protección de los derechos de propiedad intelectual y revisión de mercados notorios de piratería y falsificación. Entre siete países “vigilados” están cuatro países, Brasil, Bolivia, Colombia y Paraguay. Los otros países comprometidos son Vietnam, Tailandia y Pakistan.
Los tres puntos que están siendo objetados a Paraguay son: que las personas que reinciden en la comisión de hechos punibles contra la propiedad intelectual no vayan a prisión, que no se hagan evaluaciones a entidades públicas en lo que hace al uso de software sin licencia, y la falta de creación de un centro de coordinación por parte de las instituciones dependientes del Poder Ejecutivo en lo que respecta a la lucha contra la piratería y la falsificación.
El documento denominado “Informe 301” describe a los países que “son socios comerciales y que no protegen ni hacen cumplir los derechos de propiedad intelectual adecuadamente, o que niegan el acceso al mercado a los innovadores y creadores de los Estados Unidos que dependen de la protección de sus derechos de propiedad intelectual”.
La “Lista de Vigilancia Secundaria” del organismo identifica una serie de deficiencias en lo referente a la protección de los derechos de la propiedad intelectual “no proporcionan una aplicación de la frontera adecuada o efectiva contra productos falsificados y pirateados”. Así también, señala que “muchos funcionarios de aduanas carecen de autoridad para tomar medidas de oficio para incautar y destruir tales mercancías en la frontera o tomar medidas para las mercancías en tránsito”, explica el Informe 301.
