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ASUNCIÓN.- Los únicos que deben perseguir al senador Eduardo Petta deben ser sus acreedores, aunque es uno más de los anticartistas que recurren a la muletilla de sufrir persecución por parte del oficialismo.
El movimiento Colorado Añetete quiere que Petta sea su precandidato a la Gobernación del Departamento Central y lo lanzó como tal, semanas atrás. Pero resulta que la Constitución exige que el candidato a gobernador de un departamento, si no es oriundo de él, debe estar viviendo desde, por lo menos, 5 años atrás. Y aunque él asegure que vive en San Lorenzo desde el 2008, lo cierto es que en el Registro Cívico Permanente figura inscripto en la ciudad de Encarnación, su “valle”, hasta el año pasado, y aún más, fue allí en donde votó en las municipales de noviembre del 2015.
Así que con estos hechos, sería inconstitucional que la disidencia colorada insistiera con la precandidatura de alguien que no está habilitado a postularse por Central, porque no cumple el requisito de haber vivido allí durante los 5 años anteriores a su postulación.
Es tan simple de entender esto que cuando ahora resulta que Petta pretende mostrarse como un perseguido político pareciera que pretende tomar del pelo a toda la ciudadanía. Tampoco es que fuera la primera vez que lo intenta, pero esto ya es exagerado. Aun así, utiliza cualquier medio a su alcance para mostrarse como una víctima y no como lo que pretende ser, un violador de la Constitución Nacional.
Lo cierto y concreto es que Petta, que era colorado, pero fue electo senador por el Encuentro Nacional, al que abandonó este año, y que ahora quiere ser colorado de nuevo mientras se muestra “independiente”, no cumple con las exigencias de la Constitución para pretender la Gobernación del departamento Central.
ANR PIDE NULIDAD DE RESOLUCIÓN
El Tribunal de Conducta del Partido Colorado decidió apelar la decisión del Tribunal Electoral de la capital, segunda sala, que había anulado la expulsión de Eduardo Petta, quien ahora pretende postularse a precandidato a gobernador de Central por la disidencia.
Ante el mismo tribunal electoral se presentó el apoderado de la ANR, abogado Eduardo González Báez, quien pidió que el colegiado integrando por Gladys Lahaye, Gilberto Meza y Myriam Cristaldo, anule su acuerdo y sentencia N° 22, del 20 de junio, y la aclaratoria N° 24 del 23 de junio, documentos que anularon la decisión el tribunal partidario de expulsar a Petta de la ANR.
Los miembros del Tribunal Electoral de la capital, segunda sala, fueron recusados por la ANR y habrá que integrar de nuevo la sala antes de que se trate el caso de Petta. Ayer ya asumió Patricia Blasco, presidenta de la primera sala, en reemplazo de Myriam Cristaldo. Por los otros 2 asumirían Hermes Medina, también de la primera sala, y Lourdes Marín.
