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ASUNCIÓN.- El analista Fernando Masi, del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (Cadep), dijo que más que las cuestiones políticas, el debate entre el gobierno y el Congreso plasmado en el Presupuesto General de la Nación, se refleja “no tanto en una preocupación de si se estaría cumpliendo con la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) o no, sino en qué tipo de gastos se prioriza en un momento determinado”, haciendo referencia a la determinación del Parlamento en darle preferencia a los gastos rígidos (salarios) por sobre las inversiones sociales y de infraestructura.
Apunta el profesional que “antes de la vigencia de la Ley de Responsabilidad Fiscal, el Congreso era un poco irresponsable en la elaboración de gastos sin tener en cuenta las estimaciones de ingresos”.
Sin embargo, en los dos últimos años de vigencia ya de la Ley mencionada tampoco resultó como barrera en el Parlamento, pues pese al tope fijado de 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB) las mayorías coyunturales han inflado el PGN, hecho que incluso obligó al Poder Ejecutivo a vetar totalmente el PGN 2017 desbalanceando totalmente el manejo presupuestario durante ese año, al punto de exigir al Ministerio de Hacienda a realizar ampliaciones presupuestarias por US$ 15 millones.
Destaca Masi que “la Ley 1535 de Administración Financiera del Estado dice que no se pueden hacer aumento de gastos si previamente no se realizan estimaciones con respecto a los ingresos o recaudaciones”.
Apuntó que existen dudas de si el Congreso haya observado estas estimaciones a la hora de imprimir las determinaciones que finalmente resultaron en un PGN desfinanciado “y esto está bien estipulado en la Ley 1535, que ya estaba en vigencia antes de la Ley de Responsabilidad Fiscal”.
