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El Gobierno mantendrá las metas orientadas a la protección y promoción social que apuntan a la reducción de la pobreza, en el 2017, utilizando el presupuesto de 2016. Los gastos sociales seguirán siendo la prioridad, de acuerdo con la reglamentación. Con relación a la ejecución de obras, las mismas se deberán ajustar a las necesidades reales. Queda por ver cuál será la posición de los legisladores con relación a las ampliaciones que se deben realizar indefectiblemente al ordenamiento de los egresos.
ASUNCIÓN. El Poder Ejecutivo, a través del Decreto 6715/2017, reglamentó la ejecución del Presupuesto General de la Nación del ejercicio fiscal 2017 de los Organismos y Entidades del Estado (OEE). Las reglas para este ejercicio fiscal siguen fortaleciendo los procesos de transparencia, racionalidad, control del gasto público y la simplificación de los procesos administrativos.
Igualmente, se asegura las inversiones sociales, pero entre tanto la ejecución de obras en gran medida dependerá de las ampliaciones que deben ser autorizadas por el Congreso, donde hay una clara traba en el Senado por cuestiones netamente política.
Este es un año político y los senadores ya mostraron el año pasado que están más preocupados por sus intereses políticos que por la población. Aún no se sabe cuál será la posición de los mismos al momento de tener que aprobar las ampliaciones para la ejecución de obras, emisión de bonos, y endeudamiento.
El Ministerio de Hacienda informó que los gastos sociales son priorizados por el Gobierno, previéndose en el Decreto los procedimientos tendientes al mejoramiento de la ejecución, seguimiento y evaluación y gestión de información en el área social. Es así que son prioridades del Gobierno las metas orientadas a la protección y promoción social que apuntan a la reducción de la pobreza, con énfasis en pueblos indígenas.
Las metas en los programas, subprogramas y proyectos institucionales para las prioridades de Gobierno en el área social, correspondientes al ejercicio fiscal 2017, serán acordadas con todas las instituciones del Gabinete Social y otras que se enmarquen en las prioridades del área social, y remitidas al Equipo Ejecutivo del Gabinete Social de la Presidencia de la República para su análisis.
Con relación a la ejecución de obras públicas, el documento de la citada cartera de Estado dice que “también se han establecido directrices para ajustar la ejecución de los proyectos de inversión, para reflejar las necesidades reales del ejercicio fiscal 2017. En ese sentido, además se ha dispuesto que las partidas presupuestarias cuya ejecución financiera haya culminado, no contarán con Plan Financiero”.
El Ministerio de Hacienda estuvo realizando jornadas de socialización del presupuesto. Durante estas jornadas se explicaron cómo se va a trabajar con el presupuesto 2017, teniendo como reglamentación el de 2016.
SE ADOPTARON RECOMENDACIONES
El Poder Ejecutivo ya adoptó algunas medidas que fueron recomendadas por el Congreso con relación a los gastos especial considerados superfluos. El Ministerio de Hacienda informó que en materia de racionalización del gasto, se mantiene la suspensión con relación a las gratificaciones por cumplimiento de metas que fuera decidida en el 2016. Asimismo, se introducen medidas que fueron propuestas en el Congreso Nacional durante el estudio del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2017, como ser los límites a los gastos de las entidades en concepto de servicios de catering y pagos por seguro médico.
En este sentido, el anexo del presente Decreto delimita que en concepto de servicios de catering, no se podrá sobrepasar la suma de G. 500 millones anuales con cualquier fuente de financiamiento.
El anexo del Decreto Reglamentario también suspende el pago de las gratificaciones o premios al personal por servicios o labores realizadas, a mejor o mayor producción o resultados de la gestión administrativa y financiera u otros indicadores de gestión institucional.
