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ASUNCIÓN.- Un grupo de senadores disidentes colorados y opositores empezaron a analizar la posibilidad de prestar el acuerdo constitucional para que Sandra Quiñónez sea confirmada como fiscal general del Estado. El motivo del cambio de postura sería que quieren que Javier Díaz Verón abandone la institución, de la que sigue al frente, con mandato vencido, pero por reconducción tácita.
Una consecuencia imprevista podría tener el escándalo de los audios de conversaciones del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, y es que Quiñónez, la fiscala Antisecuestro que el presidente Horacio Cartes escogió para que quedara al frente de la Fiscalía General del Estado, consiga el acuerdo constitucional del Senado.
Aunque habían reconocido que la fiscala era la más indicada para suceder a Díaz Verón, porque en el ejercicio de sus funciones había dado más que sobradas pruebas de honestidad, coherencia, eficiencia y valentía, disidentes y opositores decidieron no prestar el acuerdo para su designación por el pecado de ser colorada y haber sido elegida por Cartes.
Algunos aducían que el proceso de selección, realizado por el Consejo de la Magistratura, estaba viciado desde el inicio, aunque nunca hubo una conclusión sobre el tema. Pero más allá de los argumentos y excusas, hasta la pedepista Desirée Masi había reconocido que la decisión de rechazar a Quiñónez era meramente política. Por esto es que el tema fue postergado hasta después de las internas, porque otro problema que enfrentaba su candidatura era lo inoportuno del caso, habida cuenta de que por las internas partidarias, ningún sector quería aparecer apoyando algo que sugiriera el jefe de Estado.
Pero con la emisión de los audios del JEM la cosa parece haber tenido un giro insospechado. Resulta que políticos de varios sectores señalan a Díaz Verón como responsable directo de que haya fiscales involucrados en el tráfico de influencias; además, le cuestionan que no tuviera ninguna reacción luego de conocerse los nombres de los agentes, quienes siguen ejerciendo sus funciones sin mayores contratiempos.
Así que tanto un grupo de senadores como algunos diputados liberales, decidieron que era hora de que se inicie el proceso para hacer juicio político a Díaz Verón, aunque otros alegan que no tendría sentido porque él ya tiene mandato vencido. Pero como sigue en funciones por reconducción tácita, ahora resulta que algunos disidentes y opositores analizan la posibilidad de cambiar de postura y nombrar rápidamente a Quiñónez para deshacerse de una buena vez del fiscal actual.
