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ASUNCIÓN.- Cristina Bogado, directora general de la oficina de la Función Pública, repite el mecanismo de defensa implementado por el diputado Arnaldo Samaniego, el de esconder la cabeza bajo tierra para evitar dar la cara ante la crisis generada con el “salariazo” para más de 2.000 funcionarios, que accedieron a ese beneficio sin concursar, amparados justamente por la Resolución N° 45 firmada este año por ella.
Este documento justifica la aplicación de una excepción para la contratación de personal para la gestión pública, bajo el rótulo de “urgencias y prioridades” si necesidad del requerimiento del concurso de méritos.
Nuestra hoja intentó en varias oportunidades contactar con la funcionaria, pero en una sola ocasión sonó su teléfono (0981431…), pero en las siguientes ya lo tenía apagado.
Cuando firmó la discutida Resolución argumentó Bogado que “hay necesidad de varios ministerios de contar con cargos de confianza y califica a estas contracciones como de carácter indispensable para las máximas autoridades de los ministerios”.
Finalmente, asegura que existe “urgencia y prioridades” de recursos humanos de los Organismos y Entidades del Estado para las nuevas contrataciones del personal, a fin de que no se vea afectada la ejecución de programas y proyectos de “trascendencia gubernamental”.
