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ASUNCIÓN.- La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia –integrada por los ministros César Garay Zuccolillo, Raúl Torres Kirmser y Miguel Óscar Bajac– rechazó el pedido de indemnización de la empresa CalAgro. El fallo se dio un día después de que representantes de la firma denunciaran un presunto pedido de coima en nombre de miembros de esta magistratura. ¡Sospechosa rapidez! ¿Qué sigue ahora? ¿Continuarán las investigaciones de oficio o terminará en el “oparei” como en tantas otras ocasiones?
El antecedente inmediato es que la empresa CalAgro pedía una indemnización de unos US$ 40.000.000 a la Industria Nacional del Cemento (INC) por el incumplimiento de un contrato de provisión que posteriormente fue cancelado. La causa data del año 2009. El presuroso fallo se da tras la polémica por el presunto pedido de coima para el voto a favor de la firma.
Lo que debe ser objeto de investigación es el nexo entre el imputado Ramírez Doldán y los ministros Óscar Bajac y Raúl Kirmser. Donde la declaración del abogado de la empresa CalAgro, Felipe Nery Páez, debe ser tenida en cuenta, porque él dijo haber llegado a hablar personalmente con el ministro Bajac en su despacho e incluso en su casa, “Él me había mencionado que ‘tenía que justificarme, que los muchachos ya me van a decir lo que tengo que hacer’, que mientras que no me ‘justifique’ no va a sacar la sentencia a favor mío”.
“El modus operandi de ellos es que Torres Kirmser te saca la sentencia en contra, me piden mi celular, fotografían la sentencia y me muestran: ’mira que así está la situación”, relató Páez y añadió que Gustavo Franco, secretario de Bajac, le exigió US$ 25 mil para el ministro y otros US$ 25 mil para Torres Kirmser, quienes integran la sala civil de la Corte que estudia su caso. “Es un ablande para que salga la sentencia a mi favor”, sentenció.
Como se sabe, los fiscales del caso, Acuña y Luis Piñánez, ya imputaron a Ramírez Doldán por el delito de tráfico de influencias y solicitaron su prisión preventiva. Y dijeron también que “investigarán” al ministro Miguel Óscar Bajac, quien fue mencionado por Ramírez. El dinero era solicitado supuestamente para que Bajac cambie su voto en un litigio en que precisamente se estaba negociando la coima.
Sin embargo, el temor de que todo termine diluyéndose en la nebulosa está plenamente justificado y fundado; a pesar de que el fiscal haya dicho que, además del cohecho pasivo, se encuentran analizando si existen elementos para una eventual imputación por tráfico de influencias. El antecedente que se tiene es que en un caso de tráfico de influencias termina soportando el peso de la ley el último en la cadena de corrupción.
Únicamente sabremos si prospera o no la investigación en contra también de los ministros, supuestamente, involucrados si los resortes judiciales correspondientes son activados con la misma rapidez en que lo hicieron para imputarle al que fue sorprendido in franganti recibiendo la coima. Hay mucha tela que cortar todavía en este lamentable episodio que vio la luz pública. Y la duda queda, ¿seguirá realmente la investigación o esto terminará en el “oparei”?
