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Mientras la fiscala Brígida Aguilar insiste con que su firma y sello fueron falsificados, en Tigo constan las notas en las que, supuestamente, solicitó el detalle de llamadas y mensajes de personas que no tendrían nada en común, salvo que todos están en posición de poder en sus respectivos rubros. Podría tratarse de un gran esquema para manejar información y usarla de acuerdo a la conveniencia de quienes la poseen.

ASUNCIÓN.- La telefónica recibió 2 notas, supuestamente de Aguilar; una, el 20 de octubre, y la otra, el 28 de noviembre de 2017. En la primera, parecía que la idea era investigar a sectores que responderían al presidente Horacio Cartes, como el político Luis Canillas, el senador liberal Blas Llano y el gerente de Tabacalera del Este S.A., José Ortiz.

Además, figuraban en la lista el abogado Carmelo Caballero; el entonces secretario del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (hoy, en Tacumbú), Raúl Fernández Lippmann; los empresarios Valerio González Gómez, Mauricio José Peruzzi y José Fernández Paganetti, y la empresa Royg & Asociados.

En la segunda nota; sin embargo, se solicitan datos de políticos de la disidencia y la oposición, como Efraín Alegre, Rafael Filizzola, Desirée Masi, Mario Abdo Benítez, Enrique Bacchetta (se había dicho que la fiscala Aguilar era operadora suya), Arnoldo Wiens, Luis Alberto Wagner, Roberto Acevedo y Dionisio Amarilla.

La nota incluye al secretario privado del presidente Cartes, Arnaldo Franco, y a los fiscales Aldo Cantero y Eugenio Ocampos.

Es fácil notar que hay una rara mezcla de diosa y pantera en los 2 listados solicitados por “alguien” de la Fiscalía de J. Augusto Saldívar, y lo único que parecen tener en común las 21 personas cuyos datos de llamadas y mensajes fueron solicitados es que todas están en situación de poder en sus ámbitos respectivos.

Esto significaría que la intención de quienes están detrás de este alevoso y escandaloso atentado contra la privacidad es tener información poderosa que podría ser utilizada, para fines extorsivos, de acuerdo a sus intereses y conveniencias.

Es importante destacar que la telefónica Tigo, si bien respondió inmediatamente a la primera solicitud, dando los datos de las primeras 9 personas, cuando recibió el segundo pedido ya actuó con mayor cuidado y pidió más datos que pudieran comprobar la conveniencia y necesidad de que el Ministerio Público acceda a esos datos. Esto fue lo único que evitó que el escándalo sea mucho mayor, aunque las primeras personas fueron afectadas por la grave violación a su intimidad.