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ASUNCIÓN.- Para el vicepresidente Hugo Velázquez, los jóvenes que se manifiestan en contra del servicio militar obligatorio están trastocados, y aseguró que no pasa nada si es que no quieren ir a los cuarteles aunque esa sea la intención del Ejecutivo, ya que la objeción de conciencia también tiene rango constitucional.
Expresó que “ayer me llamó la atención que la gente que no quiere ir al cuartel salga a manifestarse. Es decir, parece que los valores de hoy están trastocados. Nosotros queremos que la gente vaya a los cuarteles. Sabemos que es muy importante que los jóvenes vayan, pero si no quieren ir, no pasa nada”.
“Creo que se politizó mucho y se dio mal la información. Se utilizó mal políticamente este tema del Servicio Militar Obligatorio”, aseguró.
Lo cierto es que el problema de esta imprevista crisis es responsabilidad del gobierno porque, de golpe y porrazo, decidió salir a multar a los jóvenes que no hayan prestado el servicio militar y no sean objetores de conciencia, con una clara intención de encontrar un mecanismo para recaudar dinero, lo que golpeó duramente a la ciudadanía.
“NO SE PUEDE TOCAR EL BOLSILLO DE LA GENTE”
ASUNCIÓN.- El PLRA presentó un proyecto de ley que deroga la que reglamenta el Servicio Militar Obligatorio, que data de 1975, muy anterior a la Constitución vigente. El apoderado del partido, Cristian González, dijo que la normativa es inconstitucional, por lo que se pide la convocatoria a sesiones extraordinarias de ambas cámaras para que traten el tema durante el receso legislativo.
“Consideramos inconstitucional la ley del 75 porque en la Constitución del 92 se reglamenta lo que hace referencia al servicio militar y a la objeción de conciencia y establece que la reglamentación no puede ser punitoria. Para nosotros es como una sanción, una multa, el hecho de pretender en estos momentos que la ciudadanía tenga una erogación por esa razón. No se puede tocar los bolsillos de la gente”, afirmó.
Además del contenido social y económico, “hay una cuestión estructural. Si el Estado solamente puede albergar a 4 o 5 mil jóvenes para el cumplimiento del SMO, de los 40 mil varones que van cumpliendo 18 años cada año, no puede exigir a la ciudadanía en estos momentos que aquellos que no asistan deban pagar”.
“Hay confusión, se ha manejado muy mal. En Asunción, en las cabeceras departamentales, en esta época del año, con este clima, están por las calles tratando de obtener el carnet de objeción de conciencia. Muy mal manejado por el defensor del Pueblo, tenemos que decir también”, añadió.
Según González, hay que dar tranquilidad a la gente y que se deje de lado la idea de cobrar a la ciudadanía, más allá de que haya que reglamentar la ley pero “atendiendo a otros derechos, como la libertad, el trabajo, los derechos económicos. Nosotros tenemos que plantear una reglamentación, atendiendo a la realidad del Estado”.
