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La presidente de Petropar, Patricia Samudio, según documentos publicados que llevan su firma, trasfirió más de US$ 20 millones depositados a favor de la petrolera en bancos privados, a otro banco privado, en vez de depositar en el Banco Nacional de Fomento (BNF). ¿Esta acción es lícita o ilícita? Intentamos en varias ocasiones trasladar la pregunta a Carlos Arregui, llamándolo a su cel. 0982 348…, pero sin ningún éxito, para que nos responda en su carácter de investigador especial nombrado por el presidente de la República. Estos documentos, además, plantean la apertura de una investigación de oficio por parte de la Fiscalía, pero no ocurrió. Operadores presentaron una denuncia formal y otra más tarde, por un ciudadano particular, pero sugestivamente, sigue el silencio de Sandra Quiñónez, fiscal general del Estado.
ASUNCIÓN.- A diferencia de otros momentos, el exfiscal adjunto Carlos Arregui mantiene en secreto varias cuestiones que rodean al caso que tiene a Patricia Samudio, presidente de Petropar, en el centro de atención por los hechos irregulares perpetrados y probados suficientemente con los documentos que llevan su firma.
Hasta hace poco, Arregui tenía como fuerte aliado a los medios y revelaba casi a diario el proceso de investigación, hoy, después de casi un mes de su designación como súper investigador de Mario Abdo Benítez no se conoce qué está encontrando en los escritorios de Petropar.
Sin embargo, independientemente de lo que encuentre, cuelga una pregunta: “¿es lícito o ilícito? que Samudio haya ordenado, como consta en documentos de Petropar, con su firma, transferir US$ 20 millones, depositados a favor de Petropar en bancos privados, a otra entidad privada, en vez de al Banco Nacional de Fomento. La Ley de Presupuesto General de la Nación y un Decreto del Poder Ejecutivo prohíben depósitos en bancos privados.
Una serie de publicaciones periodísticas demostraron la veracidad de los actos de la funcionaria, pero hasta el momento, estos elementos no fueron observados por el Ministerio Público.
Entonces, para ir cerrando el círculo, los operadores de Petropar presentaron una carpeta conteniendo documentos que avalan las mismas denuncias. Por si eso fuera poco, el ciudadano y periodista, Augusto Barreto, presentó una nueva denuncia reclamando se inicie una investigación, pero, nada de esto “es tan fuerte como las fuerzas extrañas y sugestivas que impiden a Sandra Quiñónez involucrarse”.
En anteriores intervenciones, Arregui ya marcó pautas a la Fiscalía. “En 60 días vamos a tener un informe de nuestra intervención en Petropar” y quizá Quiñónez espera este tiempo para trabajar sobre esa documentación que si se va a seguir el hilo que marcó el presidente Abdo, no encontrarán errores a Samudio.
Lo concreto, hasta el momento, es que la interrogante; “¿será lícito o no?” lo que hizo la presidente de Petropar, como también es sugestiva la falta de respuesta a una cuestión tan concreta, debidamente documentada, que profundiza las sospechas de encubrimiento.
Delia Patricia Samudio Torrás, al momento de ser nombrada por el presidente Mario Abdo Benítez para gestionar Petropar (viernes 7 de junio de 2018), era parte del equipo de transición, también estaba vinculada desde hace 18 años atrás a la industria de los combustibles, además fue ejecutiva de la empresa Puma Energy. Su esposo José Costa Perdomo lidera la empresa Triqueta S.A., que tiene estaciones de servicio del emblema Puma Energy.
Evidentemente, Abdo Benítez no tuvo esto en cuenta o la nombró con conocimiento de causa.
