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ASUNCIÓN. “En tiempos de pandemia los parlamentarios proclaman la necesidad de combatir la corrupción pública para congraciarse con la sociedad abatida por el coronavirus y conservar o ganar electorado, aunque muchos de sus integrantes participan, protegen o toleran grandes negociados”, criticó el abogado constitucionalista Jorge Vasconsellos.
El reconocido jurista abordó así, por un lado, la coyuntura económico-sanitaria que vive la ciudadanía, en su abrumadora mayoría obediente a las medidas restrictivas para combatir la diseminación del coronavirus en el país, medidas estas que tienen un devastador efecto en las finanzas privadas, sobre todo, en las mipymes, los cuentapropistas y, ni qué decir, en las personas de grupos socio-económicos vulnerables.
También se refirió a las maquinaciones urdidas por inescrupulosos para lucrar sin la menor dosis de temor a la aplicación de la ley, perpetrando descabellados hechos de corrupción con las adjudicaciones públicas supuestamente dirigidas y sobrefacturadas con la excusa de combatir el coronavirus.
“Sectores se aprovechan de las circunstancias para revitalizar campañas mediáticas contra sus enemigos políticos o económicos, utilizando a la sociedad como caja de resonancia sus inconfesables intereses, explotando su sentimiento ante el incierto el futuro económico del país”, amplió igualmente su crítica Vasconsellos.
Otro aspecto que trató Vasconsellos fue el de las masivas medidas que el Ministerio Público aplica a los violadores de la cuarentena sanitaria.
“Hoy se plantea como solución medidas de dudosa constitucionalidad, procurando elevación penas, no otorgamiento de medidas alternativas a la prisión durante el proceso, y la creación de ‘comisiones’ de investigación y seguimiento, generando mayor burocracia”, disparó.
Esta última alusión hace referencia a la decisión del presidente Mario Abdo de crear una supracomisión para fiscalizar adquisiciones de Salud Pública en este momento. El inquilino del Palacio de López también es blanco de críticas por su “mano blanda” con funcionarios de su Gobierno salpicados por presuntos hechos de corrupción, pero “mano dura” con militares, a quienes remueve de sus cargos sin mucha burocracia.
