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ASUNCIÓN. “En este momento, Asunción es nuevamente una ciudad sitiada donde la prepotencia y la coacción son la única ley y donde los ciudadanos no tienen quien los respalden y protejan”, evaluó el abogado Oscar Germán Latorre, ex fiscal General del Estado.
El hombre de Derecho recurrió a su cuenta en Twitter para compartir con la ciudadanía su parecer en relación con la coyuntura política, en la cual resalta la extorsiva medida de fuerza de cierre de rutas y semi bloqueo de la costanera de Asunción, todo como presión para obtener una ley a medida, pero contrapuesta a la ley de la oferta y la demanda.
“Si también se suman los médicos, profesores o algún otro sector más, podemos decir que estamos próximos a una grave crisis política y social que será imposible controlar para el Gobierno”, advirtió también Latorre.
Planteó que el presidente Mario Abdo debería reflexionar en algún momento en torno a esta situación y, eventualmente, comprender que “que no puede seguir aliado a sus enemigos políticos que son los que tienen marcada en la agenda el estallido de una crisis que estimulan, financian y abiertamente apoyan”.
Es de esperar que en algún momento el presidente Mario Abdo Benítez reflexione y comprenda que no puede seguir aliado a sus enemigo políticos que son los que tienen marcado en la agenda el estallido de una crisis que estimulan, financian y abiertamente apoyan
— Oscar Latorre (@oscarlatorre001) 10 de agosto de 2021
Recordó que en la última llegada de militantes de la Coordinadora Nacional Intersectorial a la capital del país, también con Jorge Galeano a la cabeza, los “campesinos” coparon las calles de Asunción, impidieron el libre tránsito, coaccionaron y hasta golpearon a quienes intentaban burlar los piquetes para llegar a su lugar de trabajo.
“Lo hicieron a la vista de la Policía y del Ministerio Público que permanecieron impasibles y el Gobierno no tuvo mejor idea que prometerles USD 25millones que no es dinero del Estado y mucho menos de nuestras autoridades, sino que proviene de los impuestos”, subrayó.
Y Añadió que el mismo escenario de coacción, de amenazas, agresiones y de violación al derecho al libre tránsito viene ocurriendo con el reclamo de los transportadores de cargas, a quienes “en ningún caso, el derecho de peticionar y de manifestarse les autoriza a cometer delitos”.
“Para colmo ayer regresaron los campesinos y las comunidades indígenas para exigir el cumplimiento de una promesa que nunca debió ser formulada pero que solo representará nuevas vulneraciones a nuestros derechos y más impunidad porque la policía ni la fiscalía asumirán sus deberes”, finalizó.
