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ASUNCIÓN.- Abusando de su cargo como representante del Senado ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, el disidente Eduardo Petta exigió a los fiscales que imputen a Javier Díaz Verón por tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito. Y los amenazó con que, de no hacerlo, serían procesados por mal desempeño en sus funciones.
No solamente lo dijo públicamente sino que se ratificó cuando fue cuestionado por el “apriete” que hizo a los fiscales investigadores de la causa que se le sigue al fiscal general, con mandato vencido y permiso, Díaz Verón. Lo cierto es que Petta, que no solo es senador sino también miembro del JEM, incurrió en una clara injerencia política, la cual fue denunciada por la asociación de quienes se vieron afectados por su coacción.
Concretamente, Petta dijo que Díaz Verón debía ser imputado por tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito, causas por las que está siendo investigado, y no contento con esta clara presión, amenazó con procesar al fiscal que no obedeciera, por mal desempeño en sus funciones.
Como no podía ser de otra manera, a renglón seguido responsabilizó al presidente Horacio Cartes de todo lo que ocurría, y afirmó que Díaz Verón no podría permanecer en su cargo si no tuviera el apoyo del jefe de Estado, refiriéndose a que, una semana atrás, la bancada oficialista salvó al fiscal del juicio político al que pretendían someterlo otros sectores.
Estas expresiones de Petta hicieron reaccionar inmediatamente a la Asociación de Agentes Fiscales, cuyos miembros fueron los amenazados por el senador. En una nota que entregaron al presidente del JEM, Christian Kriskovich, dicen que “las manifestaciones vertidas por el senador nacional y miembro del JEM representan la evidencia palpable de la injerencia política en asuntos judiciales y una amenaza directa en contra de la representante fiscal que actúa en la causa, más aún en razón de que él integra un órgano constitucional encargado de enjuiciar a los agentes fiscales”.
