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Sin importar que haya sido la fiscala Brígida Aguilar la que mintió a Tigo para obtener extractos de llamadas de conocidos políticos y empresarios, o su firma fuera falsificada, el caso deja en evidencia la absoluta vulnerabilidad del derecho a la privacidad de las personas. Cualquiera puede conseguir datos privados, lo que nos deja en un grave estado de indefensión.
ASUNCIÓN.- Una investigación periodística mostró indicios de que la fiscala Aguilar habría mentido a Tigo a fin de obtener datos de llamadas de conocidos políticos y empresarios. Si bien ella asegura que tanto la firma como el sello de la Fiscalía que figuran en el documento, son falsos, esto indica que cualquier persona puede sufrir la violación a su intimidad, porque, evidentemente, la telefónica entregó lo solicitado, en el convencimiento de que el pedido era legítimo.
En su defensa, la empresa dice que le basta que un pedido tenga el sello de la Fiscalía para que se tome en serio, y que no es su función investigar que el mismo sea auténtico o no; y tiene razón. Por lo tanto, no hay nadie que tenga la responsabilidad de proteger al ciudadano común de una invasión a su privacidad de esta magnitud.
Sea cierto o no que su firma y el sello del Ministerio Público fueron falsificados, el caso constituye un gran escándalo porque revela la fragilidad de nuestro derecho a la privacidad y lo expuestos que estamos a maniobras de personas inescrupulosas que pueden pertenecer, o no, al esquema judicial.
De acuerdo a la investigación periodística, en octubre del año pasado, la fiscala de la localidad de J. Augusto Saldívar, envió una nota a Tigo Paraguay, diciendo que, en el marco de una causa en la que una mujer denunciaba a un hombre que le enviaba mensajes molestosos, pidió el detalle de llamadas de conocidos políticos, abogados y empresarios, entre quienes estaban el senador liberal Blas Llano, el dirigente oficialista Luis Canillas, el empresario José Ortiz, el abogado Carmelo Caballero y hasta el exsecretario del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (hoy preso en Tacumbú) Raúl Fernández Lippmann.
Lo cierto es que cuando se descubrió que su pedido no tenía nada que ver con la causa que había mencionado, se sospechó inmediatamente que había utilizado los datos que la telefónica le consiguió con algún objetivo político o extorsivo. Teniendo en cuenta que se dice que es operadora política del disidente Bacchetta, esto tendría más credibilidad.
CONSIDERAN “ATROPELLO NUNCA ANTES VISTO”
El periodista Jorge Torres fue quien detectó que el caso que, supuestamente, la fiscala Brígida Aguilar había mencionado para justificar su pedido a la telefónica Tigo sería falso, por lo que concluyó que la agente del Ministerio Público –y a quien se menciona como operadora del senador disidente Enrique Bacchetta- había mentido para conseguir información privada de políticos y empresarios.
Según Torres, “la fiscala Aguilar dice que no es su firma. En ese caso, se debería averiguar quién está usando el logo del Ministerio Público para solicitar estos documentos. Esto es un tema gravísimo. Estamos ante un esquema de gánsteres. Estamos ante una vulnerabilidad y atropello nunca antes vistos”.
Mientras Aguilar insistió en que su firma y el logo de la Fiscalía son falsos, Torres manifestó que, si esto es cierto, alguna persona desconocida llevó todo el extracto de llamadas y mensajes, entrantes y salientes, que fueron proveídos por Tigo que así pensaba que estaba respondiendo la solicitud del Ministerio Público.
“Si la representante del Ministerio Público no armó esto. ¿Quién armó para pasar facturas y destruir enemigos con fines extorsivos?”, se preguntó el periodista.
