ADN Digital
Artículos relacionados
Juan Francisco Arrom y Anuncio Martí Méndez, líderes del movimiento político Patria Libre, acusados por el secuestro de María Edith de Debernardi llevan al Paraguay ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Ambos afirman que fueron detenidos por agentes estatales que lo interrogaron constantemente sobre sus actividades políticas y que los presionaron para que se declararan culpables del plagio de la mujer.
ASUNCIÓN.- El caso se relaciona con la desaparición forzada y tortura de Juan Francisco Arrom y Anuncio Martí Méndez, líderes del movimiento político Patria Libre, durante los días 17 al 30 de enero de 2002 (gobierno de Luis Ángel González Machi). Los afectados señalan que fueron detenidos por agentes estatales que los interrogaron constantemente sobre sus actividades políticas y que los presionaron para que se declararan culpables del secuestro de María Edith Bordón de Debernardi, quien había sido secuestrada en días previos y por cuya liberación se exigía una alta suma de dinero.
Arrom y Martí señalan que sus familiares emprendieron su búsqueda hasta que dieron con su paradero. El 1 de diciembre de 2003, ambos obtuvieron el estatus de refugiados en Brasil. Además, en el proceso judicial que investigaba el secuestro de María Edith Bordón, ambos fueron declarados en rebeldía por no comparecer al mismo.
La Comisión concluyó que el Estado de Paraguay es responsable por la violación de derechos humanos protegidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.
Las autoridades de Paraguay no actuaron con debida diligencia cuando conocieron la posible desaparición de Juan Francisco ArromSuhurt y Anuncio Martí Méndez, ni en el curso de la investigación; no iniciaron la investigación de oficio y violaron el principio de presunción de inocencia de las víctimas al emitir propaganda estatal que los calificaba de responsables de un secuestro sin condena en firme.
Asimismo, existen múltiples elementos que apuntan a la participación directa de agentes del Estado, elementos que no fueron investigados diligentemente. La CIDH encontró acreditada dicha participación.
RECOMENDACIÓN
En el Informe de Fondo, la Comisión recomendó a Paraguay reparar integralmente las violaciones de derechos humanos, adoptando medidas de compensación económica y satisfacción; y disponer medidas de atención en salud física y mental para la rehabilitación de Juan Arrom y Anuncio Martí, de ser su voluntad y de manera concertada.
Teniendo en cuenta que ellos se encuentran en Brasil, corresponde pagarles un monto específico para cubrir los servicios médicos que deban sufragar en dicho país.
Paraguay también debe reabrir y completar la investigación penal de manera diligente, efectiva y dentro de un plazo razonable con el objeto de esclarecer los hechos en forma completa, identificar todas las posibles responsabilidades e imponer las sanciones que correspondan respecto de las violaciones de derechos humanos declaradas en el informe.
La Comisión Interamericana sometió el caso a la jurisdicción de la Corte el 12 de diciembre de 2017, porque consideró que Paraguay no cumplió con las recomendaciones contenidas en el Informe de Fondo.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
