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El presidente de Argentina, Mauricio Macri, endureció las políticas migratorias en Argentina y provocó la alerta de organizaciones de derechos humanos que advierten un renovado clima de xenofobia y discriminación. La nueva norma criminaliza a los inmigrantes, en particular a los de los países limítrofes, facilita expulsiones y aumenta el rechazo de ingresos, lo que implica un retroceso al enfoque respetuoso de los derechos humanos que tenía la ley derogada.
BUENOS AIRES.- A fines de enero, Macri firmó un decreto “de necesidad y urgencia”, sin el aval del Congreso, para reformar la Ley Migratoria con un discurso que vincula extranjeros e inseguridad a partir de datos distorsionados.
Mariela Belski, directora de Amnistía Internacional en Argentina, explicó en entrevista con Notimex, que Macri firmó el decreto sólo dos días después que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitiera sus órdenes ejecutivas contra migrantes y refugiados.
“El gobierno no pudo demostrar con cifras que había una necesidad y urgencia de ese cambio, cuestionamos el procedimiento porque la Ley no ameritaba ninguna modificación, el decreto es absolutamente inconstitucional”, denunció.
Belski agregó que el nuevo decreto cambia paradigmas y permite la deportación de migrantes que hayan cometido delitos menores o que enfrentan causas penales en curso.
“Para que se entienda: si Uruguay usara este decreto, ni Macri, ni la vicepresidenta ni muchos ministros podrían entrar a Uruguay porque están procesados o imputados por la Justicia”, dijo.
Verónica Jaramillo, abogada e integrante del área de Migrantes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), precisó que la ley derogada era un modelo a nivel mundial por el respeto y garantías que ofrecía a los migrantes.
“En cambio, el nuevo decreto incluye la posibilidad de una detención por tiempo ilimitado. Esto no lo tiene ninguna norma mundial, es peor que en Europa y Estados Unidos. También dan la posibilidad de expulsión en tiempos brevísimos, sin debido proceso”, consideró.
Jaramillo explicó que ahora hay una mayor arbitrariedad de los funcionarios de migraciones para ejecutar órdenes de expulsión, lo que ya se está aplicando en los pasos fronterizos y en aeropuertos.
