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ASUNCIÓN.- Mientras funcionarias de la Defensoría del Pueblo denuncian a Miguel Godoy por utilizarlas como domésticas en su domicilio particular y perseguir a quienes no aceptan hacerlo, ahora la abogada especialista en Derechos Humanos Diana Vargas presentó una nueva denuncia en el fuero pena, por el supuesto delito de exacción o exigencia de pago ilegal.
De acuerdo a la abogada, Godoy cobró compulsivamente a aproximadamente 4 mil objetores de conciencia, desde el 2019, sin tener potestad de hacerlo. El hecho punible de exacción tiene una expectativa de pena de hasta 10 años de cárcel.
Vargas dijo que el defensor “ha hecho una interpretación antojadiza del artículo 21 de la Ley 4013/10 Que reglamenta la objeción de conciencia, con el único fin de recaudar ilegalmente. Se aprovechó del desconocimiento y la desesperación de personas que deben presentar el certificado de objetor para acceder a un puesto de trabajo y otras gestiones”.
“Incluso durante la pandemia, el mismo se dedicó a recaudar en colonias menonitas y en el presente año comunicó a empresas que sus empleados debían presentar el carnet de objetor en caso de no haber realizado el Servicio Militar Obligatorio (SMO) y la supuesta obligación de abonar una contribución”.
Explicó que esta obligación solamente rige para quienes se declararon objetores antes de la entrada en vigencia de la ley, en junio de 2010.
