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ASUNCIÓN.- Eduardo González, apoderado de la ANR y viceministro de asuntos políticos del ministerio del Interior, habló con La Nueva 107.5 e indicó que el presidente electo, Mario Abdo Benítez, está mal asesorado referente al tema del juramento de Horacio Cartes como senador activo. En ese sentido, mencionó a Juan Ernesto Villamayor y a Eduardo Petta, que solo hacen referencia al artículo 10 del reglamento interno de año 68 de la Cámara de Senadores, estando en vigencia en aquel entonces la Constitución del 1967.
“En aquel entonces no existía la Justicia Electoral, sino las proclamaciones lo hacía el propio Senado, ante los parlamentarios se hacían inclusive los reclamos. Como antecedente trajo a colocación el caso del expresidente de la República, Nicanor Duarte Frutos, que en 2008 también se le negó la renuncia. Se postuló para senador activo, fue habilitado por la Corte para ser candidato”, expresó.
Sin embargo, González destacó que existen dos aspectos, que se deben tener en cuenta: la inhabilidad y la incompatibilidad. Explicó que el primero es la imposibilidad de postularse a un cargo electivo, mientras que el segundo es que una persona no puede ocupar dos cargos públicos al mismo tiempo.
Según González, lo que está previsto en el artículo 161 del Código Electoral, es que el ciudadano electo y proclamado, no puede acceder a su cargo bajo tres circunstancias que son muerte, renuncia o inhabilidad. Sin embargo, no está prevista la incompatibilidad.
“Lo que están queriendo es confundir a la opinión pública referente a la incompatibilidad y dicen que está previsto en el artículo 10 y en el Código Electoral, pero no es así. Intencionalmente están creando ese inconveniente. También quieren poner como ejemplo, para hacerle jurar a Rodolfo Friedmann, el caso de Rafael Filizzola y Alberto Grillón, pero en ese caso primero Filizzola juró, después renunció y entregó el cargo para convertirse en ministro”, apuntó.
Para finalizar destacó que los que están haciendo lo senadores (no quieren respetar la decisión de la máxima instancia judicial y de la Justicia Electoral), es un atentado a la República y una violación constitucional. Se toman atribuciones que no le competen a un órgano del Estado.
