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ASUNCIÓN.- En poco más de una semana podría haber dictamen de Asuntos Constitucionales del Senado en cuanto al juicio político al contralor Enrique García. Sin embargo, antes de que se inicie el proceso de juzgamiento, lo más probable es que las bancadas coloradas necesiten negociar con otros sectores a fin de obtener los 30 votos necesarios para condenarlo.
Luego de que el fiscal Leonardi Guerrero imputara a García por producción de documentos no auténticos y uso de documentos públicos de contenido falso, que se refieren al caso Ivesur, de cuando era asesor jurídico de la Municipalidad de Asunción, la bancada colorada de la Cámara de Diputados consiguió rápidamente la mayoría absoluta (41) de votos para aprobar el libelo acusatorio en su contra.
Esto ocurrió en marzo y, posiblemente, porque estaban muy cerca las elecciones generales, la cámara archivó el documento y no fue hasta el viernes último cuando lo remitió al Senado, que es la cámara que deberá convertirse en tribunal y juzgar al contralor en base a la acusación formulada por los diputados.
El problema que hay en este momento es que el plenario necesita 30 votos (2 tercios absolutos) para condenar al contralor. De lo contrario, tendrán que declararlo inocente por más que las pruebas sean abrumadoras en su contra. El tema es que al ser un juicio político, el tratamiento que se le da es exclusivamente político; esto significa que la oposición no apoyará el procedimiento porque sus exponentes aseguran que es una jugada de la ANR para quedarse con la Contraloría y que mientras esté un opositor al frente, la Multibancada se opondrá a su enjuiciamiento.
En el convencimiento de que en esto los colorados actuarán en bloque, se tendrán 17 votos suyos sumados a los 8 del llanismo liberal y 1 de Unace, lo que hace un total de 26 votos, por lo que se deberán negociar con otros sectores los 4 que faltan.
Todo esto nos lleva a pensar que los plazos para poner en marcha el juicio no serán tan cortos puesto que antes de iniciarlo los colorados deberán asegurar los votos, a fin de evitar lo que ocurrió con el caso de los ministros de la Corte Sindulfo Blanco, Óscar Bajac y César Garay, cuyo juicio político sigue durmiendo en algún cajón de la cámara desde hace varios años.
