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BUENOS AIRES. En una audiencia convocada por el Ente Regulador del Gas (Enargas), el secretario de Energía de Argentina, Eduardo Rodríguez Chirillo, presentó una controvertida propuesta que implica aumentos sustanciales en las tarifas del gas, superando incluso el 300% a partir de febrero. La medida también contempla un recorte de subsidios en un intento de readecuar los precios de la energía.
Según publica el diario Clarín, Chirillo explicó que el agotamiento del modelo anterior llevó al Gobierno a decretar la emergencia en el sector en diciembre pasado. Según sus declaraciones, los usuarios actualmente pagan solo el 17,5% del costo del gas, mientras que el 82,5% restante lo absorbe el Estado a través de subsidios.
Para revertir esta situación, la propuesta incluye un traslado gradual del costo del fluido a la tarifa final. Se plantea una quita en las subvenciones del 33% en febrero, marzo y abril, lo que llevaría a los usuarios a pagar US$ 4 por millón de BTU en abril, un aumento de cinco veces respecto a la tarifa actual de US$ 0, 7.
La audiencia buscaba definir los componentes de la boleta, como el costo de transporte y distribución. Las distribuidoras y transportistas ratificaron pedidos de aumento entre 400 y 700%, con actualizaciones mensuales por inflación. Estos costos representan $11 y $24 en la boleta, además de $24 pesos de impuestos. Se prevé que los aumentos finales en las facturas superen el 300%, reconociendo el atraso en el valor del transporte (VAD).
Chirillo también anunció que a partir de abril se revisará y propondrá un nuevo sistema de subsidios en luz y gas, dirigido exclusivamente a los “sectores vulnerables” y con “volúmenes máximos”. Las tarifas se definirán en base a una Canasta Básica Energética que cubre las necesidades de los usuarios, considerando el ingreso familiar y la zona.
Aunque no se especificó la cantidad de metros cúbicos o kilovatios por mes con subsidios, el ministro de Economía, Luis Caputo, evalúa reducir a la mitad los topes de consumo subvencionados, pasando de 400 a 200 kilovatios, como parte de los esfuerzos del Gobierno por reducir el gasto público y alcanzar el equilibrio fiscal en 2024. La propuesta ha generado preocupación entre los usuarios y suscita el debate sobre el impacto en los hogares argentinos.
