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La denuncia contra Patricia Samudio, presidente de Petropar, por varias irregularidades contra la cosa pública, no avanza en la Fiscalía y según Luis Villamayor, abogado de los operadores de la petrolera, él no tiene dudas que existe “una contra presión desde el Poder Ejecutivo para dilatar la designación del agente fiscal que tenga a su cargo la investigación en base a los documentos que presentamos”. Asegura que Carlos Arregui, auditor especial del presidente Mario Abdo Benítez, “se presta a esta jugada, y espero que la fiscala Sandra Quiñónez intervenga cuanto antes apurando a la Fiscalía Anticorrupción que tome parte”. Villamayor asegura que “el nombramiento que hizo el mandatario tiene la intención de dilatar, en principio, estos 60 días que emplazó Arregui”.
ASUNCIÓN.- El tiempo transcurrido (más de 15 días) desde la presentación de la denuncia de los operadores de Petropar contra Patricia Samudio, por la comisión de varios delitos, el Ministerio Público sigue sin manifestarse en relación a la designación del agente fiscal que se encargue del caso. Para el abogado Luis Villamayor, representante de los operadores, “no hay dudas de la existencia de una suerte de orden superior, extra Fiscalía, que reduce nuevamente a la institución a un sometimiento político, que ya creí acabado”.
Fue más en su crítica, “vamos a decirlo con todas las letras, acá existe una intencionalidad del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, quien busca dilatar el caso y eso está evidenciado con el nombramiento de Carlos Arregui para una supuesta auditoría del desempeño de Patricia Samudio y le da un plazo de 60 días; y eso es el famoso nos quieren correr con la vaina”, dijo.
Entiende que el mismo presidente contradice su frase “caiga quien caiga”, y extiende un manto de protección. Para Villamayor, “esto ya va más allá de toda duda” y agregó que, pese a esa presión, el Ministerio Público “iba a cumplir con su misión, y me siento engañado, pensé que la Fiscalía no iba a caer en esta triquiñuelas como lo de la auditoría de Arregui e iba a tomar en serio la denuncia, porque no es una denuncia de un vecino sobre un robo de una bagatela; es un perjuicio millonario a 7 millones de habitantes”, protestó el profesional.
Informó que esta mañana estaría en las oficinas de la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos para conocer la marcha de esta denuncia, “y ya no pueden tener más tiempo encajonado y ojalá que la Fiscalía no esté cayendo en complicidad por omisión, porque es aún más grave” y si no han designado hasta ese momento un fiscal, “vamos a reunirnos con Soledad Machuca para que haga su trabajo, que para eso el Estado le paga”, dijo finalmente.
