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ASUNCIÓN. Así como están las cosas, para la abogada Erika Campuzano, asesora jurídica de la Secretaría de la Función Pública, todo “está bien” en el tema de los aumentazos, pero que pone en aprietos al ministro de Hacienda, Benigno López.
El parecer jurídico del ente indica que las subas otorgadas a un selecto grupo de estatales, no violan ninguna legislación y reduce concursos a simples actos administrativos, obviando la Ley 1626.
Hay que remarcar que Secretaría de la Función Pública dictaminó que los aumentos salariales a 2.123 funcionarios públicos, “no representan una violación de la Ley”, de acuerdo a los argumentos esgrimidos para el efecto. La Asesoría Técnica Jurídica de la Función Pública emitió el dictamen 01/19, destacando que la disposición “se ajustan a derecho”.
El documento refiere que no se puede dejar de asignar las categorías conforme al anexo, y la acción de abonar los salarios correspondientes al mes de enero de 2019.
Mientras tanto, en ese sentido el Ministerio de Hacienda estudia la posibilidad de un censo al funcionariado público para que los salarios se definan en base a los roles.
El informe jurídico de la SFP indica además que realizando un análisis en el ámbito penal, no existiría ningún derecho violentado en el cumplimiento de la Ley Vigente.
Hay que recordar que el Ministerio de Hacienda emitió hace poco una resolución y decidió suspender el aumento de salarios a funcionarios de entidades públicas y solicitó a las instituciones que remitan la información detallada de los casos en cuestión, así como los documentos de modificación presupuestaria.
En el documento, la SFP alega, en primer término, que no se puede dejar sin asignación salarial a los funcionarios, pese a las diferencias de anexos de personal entre el 2018 y 2019, por derecho propio y por la responsabilidad jurídica que implica la no gratuidad del trabajo.
Prosigue señalando que estos incrementos de salarios son necesarios para incentivar a funcionarios altamente técnicos ante continuas ofertas de remuneraciones más elevadas, para rematar con el argumento de que, teniendo en cuenta el derecho laboral vigente en nuestro país, prima sobre todos los trámites administrativos, como son los procedimientos de concursos en el ámbito público.
