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ASUNCIÓN. La Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban) lanzó un comunicado de rechazo al veto del Poder Ejecutivo al artículo 103 del proyecto de Ley de los Servicios de Confianza para las Transacciones Electrónicas. Consideran que “el Ejecutivo comete un grave error de valoración sobre el impacto de dicho artículo en el negocio de los giros de las empresas de telefonía a través de sus EMPES”.
“Lamentamos que el Ejecutivo priorice el interés de una empresa en particular, poniendo en riesgo a la población, pasando por alto los más actuales y modernos estándares en los servicios digitales”, refiere el documento.
El gremio destaca que están “preocupados que se hayan ignorado los argumentos y evidencias documentales de publicaciones de varios organismos internacionales y experiencias de países dela región, presentados por la Asociación de Bancos del Paraguay”.
“Los giros de las telefonías seguirán como siempre, de existir algún costo adicional, no tienen por qué trasladarse estos costos al usuario, y tampoco debe implicar trámites adicionales”, afirma el comunicado.
Asegura que “la seguridad alta ayudará a reducir sustancialmente la criminalidad, delitos y crímenes que hoy nos acechan a diario, dada la habilitación de líneas telefónicas y billeteras electrónicas con sistemas débiles de identificación de la identidad de los usuarios. Este es un elemento que el Ejecutivo nunca debió desoír, pues deja a la ciudadanía al arbitrio de la criminalidad”.
“Finalmente, los usuarios, la ciudadanía y el país solo tienen mucho por ganar con un nivel de seguridad alta en la verificación de la identidad para las operaciones financieras”, subrayó.
INSISTIRÁN EN EL RECHAZO AL VETO
En el comunicado, la Asoban anuncia que “seguirá insistiendo con el Congreso, Senadores y Diputados para el rechazo del veto en razón de la certeza de que una seguridad alta es honradamente beneficiosa para usuarios y ciudadanos y no implica que el negocio de los giros de las telefónicas sea afectado”.
Para el veto parcial, desde el Ejecutivo sostienen que el artículo genera una exclusión de la necesaria gradualidad y escalonamiento de los niveles de seguridad, que deben estar acorde al riesgo implícito que trae cada operación. “Este artículo podría generar cierta exclusión financiera sobre todo en los sectores más vulnerables”, explicó Hernán Huttemann, jefe del Gabinete Civil de la Presidencia de la República.
