Los invasores ni siquiera respetan la edificación realizada en el inmueble. Colocaron la carpa debajo del tinglado en construcción. Los supuestos sintechos están comenzando a ingresar a la propiedad privada.
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Atropellan propiedad administrada por una loteadora en Minga Guazú

Supuestos “sintechos” invadieron una propiedad privada de Minga Guazú, que actualmente está loteada y administrada por la inmobiliaria Raíces. El inmueble está ubicado en el kilómetro 29 Monday, al costado de la ruta internacional número 7. En el 2015, otro grupo de invasores había ocupado la mitad del terreno, en la parte posterior. Los implicados fueron imputados por la Fiscalía, en aquel entonces.

MINGA GUAZÚ.- El lote en cuestión tiene una dimensión de 20 hectáreas, está individualizado como finca 10239 y hace más de tres décadas que pertenece al señor Víctor José Agüero González, quien asegura tener en reglas las documentaciones. Los invasores serían todos vecinos del lugar, según la denuncia que obra en la subcomisaría 52ª del barrio Piroy del kilómetro 30.

Los cabecillas del nuevo grupo serían Basilio Parra Leiva y Wilfrido Báez González, presidente y vicepresidente de la comisión del Asentamiento Niño Jesús. Los mismos, días previos a la invasión, se reunieron con varias personas en un tinglado ubicado en las inmediaciones y planearon supuestamente el atropello a la propiedad privada, según los datos.

Los ocupantes habrían argumentado que el inmueble no le pertenece al señor Víctor Agüero. Sin embargo, en el 2015 la jueza en lo civil de Ciudad del Este, Máxima Meza, había ordenado el desalojo de un centenar de invasores, que ocupó la parte del fondo del inmueble.

En aquella oportunidad, los presuntos “sintechos” fueron sacados a la fuerza del lugar y las precarias viviendas desmanteladas.  Aunque meses después, los mismos ingresaron nuevamente a la finca. Entonces el afectado realizó la denuncia en el Ministerio Público y la fiscal Analía Rodríguez intervino en el hecho.

La citada agente pública se constituyó en el lugar y advirtió a los ocupantes a que abandonen la finca o de lo contrario serían aprehendidos y procesados por la Justicia. Como no salieron del sitio, la representante del Ministerio Público inició un proceso penal en contra 65 de ellos, que fueron plenamente identificados.

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