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ASUNCIÓN. El informe confidencial de la Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE) durante el gobierno de Fernando Lugo revela una “tragada” de 37 millones de dólares cometida por el entonces ministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Efraín Alegre. El documento evidencia casos de planillerismo, obras paradas, rapiña de combustibles, maquinarias, licitaciones amañadas y otras perlitas, según la publicación del diario La Nación/Nación Media, basada en una investigación de “La Caja”, emitida por Unicanal. Tras detectarse el millonario perjuicio, Lugo echó al liberal, que ahora quiere ser presidente de la República.
Pese a que se detectaron irregularidades de carácter económico, financiero y patrimonial que ameritaban una urgente intervención para deslindar responsabilidades, este informe fue cajoneado y nunca se remitió a los organismos de control y fiscalización, como la Asesoría Jurídica de la Presidencia y la Procuraduría General de la República, tal como recomendaron los auditores, publica LN.
Ante las aparentes sospechas que existían sobre los turbios manejos del entonces ministro Efraín Alegre al frente del Ministerio de Obras Públicas, fue encomendada una fiscalización de carácter confidencial que finalizó el 30 de noviembre del 2011, pero que fue cajoneada por el Poder Ejecutivo.
El documento corresponde al Ejercicio Fiscal 2010 y el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio del 2011, que abarcó la administración de Efraín Alegre, quien estuvo en la institución desde el 15 de agosto del 2008 al 5 de junio del 2011, cuando fue rajado por el entonces presidente Fernando Lugo.
La Nación menciona que fueron detectadas desde desprolijidades en las compras públicas, dudosos legajos de funcionarios, hasta obras millonarias varadas. El monto total del perjuicio que se habría ocasionado en la era de Efraín superaría los US$ 37 millones.
El informe secreto recomendaba primero medidas correctivas y segundo, instaba al presidente de la República impulsar una investigación del origen, causa y responsable de las presuntas irregularidades, de modo a deslindar las responsabilidades. Además, aconsejaba al mandatario elevar el informe a la Asesoría Jurídica de la Presidencia y de la Procuraduría General de la República. Sin embargo, el informe fue archivado y nunca se derivó a las instancias correspondientes para su investigación.
