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El Ejecutivo aún no ha dado su parecer sobre la ley que prorroga el contrato de concesión a favor de Tape Porã, pero por las dudas, la disidencia colorada y la izquierda del Senado ya abren el paraguas y hacen “chake” con la posibilidad de juicio político al presidente si es que la promulga. Manifestaciones y acciones de inconstitucionalidad forman parte de las amenazas.
ASUNCIÓN.- Estamos viendo que si en el Senado hay excesiva dilación con algunos temas, como las ternas de candidatos a contralor y defensor del Pueblo o los juicios políticos pendientes, no se debe a la escasa capacidad de reacción de los legisladores, sino a su falta de interés.
Porque cuando un tema les interesa son como flecha veloz, rápidos y certeros. Como ejemplo, basta ver cómo están actuando en este momento con relación a la Ley que prorroga el plazo de concesión de un tramo de la ruta 7 a Tape Porã. Ni siquiera ha sido promulgada aún; es más, el Ejecutivo no ha hecho ninguna insinuación sobre cuál será su decisión, si la promulgación o el veto, pero ellos ya están con toda la artillería lista, preparados para contraatacar.
Y con ellos, nos referimos a los disidentes colorados y sus aliados de la izquierda, quienes siguen llorando porque no pudieron evitar la sanción de la ley mencionada, a pesar de que para conseguirlo violaron hasta el reglamento interno de la cámara. Pero están muy lejos de pensar rendirse ya que evitar a toda costa que Tape Porã tenga la concesión hasta 2053 se ha convertido en el caballito de batalla de este sector, que está más embarcado en conseguir para Mario Abdo Benítez la candidatura a la Presidencia de la República en 2018 que en buscar beneficios para la gente.
Entre los planes más inmediatos, si es que la ley es promulgada, está la posibilidad de someter a juicio político al presidente de la República. Pero olvidan que la cámara que deberá iniciar el proceso haciendo la acusación es Diputados, donde el sector que responde al oficialismo colorado tiene mayoría absoluta; así que esta amenaza está muerta antes de que siquiera pueda tomar forma.
Así que deberán conformarse con convocar a una movilización ciudadana, y quizás consigan que algunas empresas que pudieran haber querido ganar la concesión de la ampliación de la ruta 7 decidan presentar una acción de inconstitucionalidad sobre la ley, pero en ese caso el problema estará en que, de acuerdo a la Constitución, una acción de esta naturaleza, si es aceptada por la Corte, solo afecta a quien presentó el recurso y no anula los efectos de la ley. Así que esta intención también estará destinada al fracaso.
Lo mejor que podrían hacer los disidentes y sus aliados es empezar a pensar en el país y presentar algún proyecto de ley que beneficie a los ciudadanos. Quizá con eso tengan más chances en el 2018.
