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ASUNCIÓN.- En varias ocasiones, el presidente de la República prometió que luchará fervorosamente en contra de la corrupción y castigaría a los que estuvieran involucrados, y que su decisión sería firme, “caiga quien caiga”. Pero ya no es tiempo de proselitismo sino de hechos concretos, y hasta ahora no se ha visto estas promesas reflejadas en hechos.
El “caiga quien caiga” se convirtió casi en una muletilla, utilizada frecuentemente por el jefe de Estado y sus principales colaboradores. Pero da la sensación de que el gobierno no se ha dado cuenta aun de que es gobierno y que la campaña proselitista terminó el 22 de abril pasado. Porque hay hechos que pudieron haber demostrado que esta no era solo una frase sino una contundente decisión, pero tanto Abdo Benítez como su entorno dejaron pasar la ocasión.
El ejemplo más claro es el caso de la presidenta de Petropar, Patricia Samudio, denunciada por los medios de comunicación con documentos que prueban que actuó de manera irregular. Sin embargo, el presidente de la República le ha dado su apoyo público y decidió ignorar las denuncias, manteniéndola en el cargo.
El caso del diputado abdista Ulises Quintana podría dar la sensación de que el gobierno cumple con su promesa de que los implicados en hechos de corrupción pagarían sin importar que pertenezcan al equipo oficialista. Sin embargo, en el caso fue la decisión de un grupo de fiscales lo que marcó la diferencia, ya que desde el gobierno, especialmente con la participación activa del vicepresidente, Hugo Velázquez, se ha ejercido una dura presión a los agentes para que cambiaran la carátula del expediente del legislador, a fin de que se elimine el enriquecimiento ilícito, con el objetivo de evitar la prisión preventiva y que pudiera ser beneficiado con medidas sustitutivas.
En cuanto a otro diputado abdista, el presidente de la cámara, Miguel Cuevas, el apoyo del presidente y el vicepresidente fue abierto y hasta descarado, a pesar de las graves denuncias en su contra, que también lo involucran en enriquecimiento ilícito. Quizá debido a que el apoyo oficial fue más abierto en este caso que en el de Quintana, o porque los agentes fiscales que tienen el expediente a su cargo son más complacientes y débiles que los del otro caso, lo cierto es que hasta ahora no hay ninguna imputación, por lo que Cuevas sigue fungiendo de presidente de Diputados, sin que, ni siquiera, sus colegas hayan decidido sacarle el cargo.
