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Cancelación de cuentas de Tabesa en el BNF es consecuencia de persecución política, advierte senador liberal

El senador del PLRA Fernando Silva Facetti advirtió que el gobierno de Mario Abdo Benítez está empeñado en la persecución política a su adversario en las internas coloradas, sin importar que sus decisiones perjudiquen a la industria nacional.

Abdo Benítez se postula a la Presidencia de la ANR y competirá con el ex presidente Horacio Cartes, quien se muestra como favorito en las encuestas, por lo que, según Silva Facetti, el Congreso debe estar atento a las decisiones que tome el jefe de Estado a consecuencia del internismo colorado.

Se refirió específicamente al anuncio del Banco Nacional de Fomento, de cancelar las cuentas de Tabacalera del Este S.A. (Tabesa), del grupo Cartes. Silva Facetti comentó que “entro del objeto de la creación del Banco Nacional de Fomento, cuya carta orgánica fue aprobada en el periodo pasado con sus modificaciones y ampliaciones, está claramente el fomento de la industria nacional. Sus actuaciones tienen que estar fundamentadas y ellos no deberían poder cerrar cuentas bancarias o perseguir. Las instituciones no deben ser utilizadas para golpear a un adversario político en cuestiones tan delicadas como son las finanzas”.

“El rubro tabacalero ofrece empleo actualmente a más de 6.000 personas de forma directa, mientras que de manera indirecta son beneficiadas más de 10.000 personas, quienes terminarán siendo perjudicadas mediante las persecuciones, sin argumentos jurídicos”, añadió.

Según el legislador, “acá no existe ningún informe de la Seprelad, no existe ninguna prueba, porque hasta donde nosotros entendemos, todas las empresas tabacaleras vienen cumpliendo todas las regulaciones, entonces para hacer lo que hacen (cerrar cuentas bancarias) deben ser con actos fundados. Ellos están cercenando a la industria nacional a través del corte del financiamiento y operaciones financieras”.

“Claramente, el gobierno se encuentra utilizando las instituciones del Estado como un martillo y castigo político. Evidentemente que fue una decisión de fundamentación política, no fue técnica ni jurídica; entonces, es un llamado de atención porque si se va a usar al Estado para perseguir a los oponentes, evidentemente es algo que no corresponde”, concluyó.

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