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ASUNCIÓN. “Frente a los graves acontecimientos acaecidos en Nicaragua, el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) de Paraguay condena la privación arbitraria de libertad de líderes opositores y llama al respeto de las garantías constitucionales”, manifestó Cancillería Nacional desde su cuenta en Twitter.
“El MRE confía en que el gobierno nicaragüense adoptará las medidas necesarias para garantizar elecciones libres, justas, transparentes y con observación imparcial”, finaliza el escueto mensaje emitido por Cancillería.
Las aprehensiones señaladas por parte de la policía nicaragüense comenzaron el pasado 2 de junio y suman cuatro: Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro. El detalle es que todos ellos son precandidatos para las elecciones presidenciales del 7 de noviembre de este año.
De acuerdo a medios locales, estos políticos nicaragüenses fueron detenidos para ser “investigados por realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación” de Nicaragua, al tiempo de “incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización”.
La reacción de Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no se hicieron esperar y hubo coincidencia en exigir a Ortega la liberación inmediata de los líderes de la oposición.
En su momento, uno de los líderes que combatía al tirano Anastasio Somoza, Ortega lleva ahora 22 años como máxima figura del Poder Ejecutivo de ese país, si bien no de manera seguida. Con 75 años, aparentemente, Ortega no piensa dar un paso al costado tan fácilmente.
