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Carles Puigdemont, no cesa en su afán de desequilibrar la política española. El expresidente catalán confirmó ante sus socios independentistas que buscará ser reinstaurado como jefe del gobierno regional sin moverse de su refugio seguro de Bruselas, un plan de dudosa legalidad y que reaviva la tensión institucional. Ciudadanos, el socialismo y el Partido Popular (PP) -principales grupos constitucionalistas- denuncian que una investidura remota sería “una burla”.
BRUSELAS.- “No hay plan B”, insistían en el entorno de Puigdemont, que salió segundo en las elecciones del 21 de diciembre, como cabeza de lista de Junts per Catalunya y tiene al alcance la posibilidad de formar una mayoría parlamentaria con Esquerra Republicana (ERC).
El gran obstáculo para él -la historia de su carrera política reciente- es la ley: si pisa Barcelona será detenido por rebelión, a raíz de la fallida declaración de independencia del 27 de octubre. La vía para investir en ausencia a un presidente no está contemplada en el reglamento de la cámara, pero él quiere forzar una interpretación que lo favorezca.
Descarta la opción de dar su discurso vía Skype y se inclina por que otro diputado hable en su nombre en la sesión de investidura prevista para, a más tardar, el 31 próximo. No está expresamente prohibido, pero sus opositores advierten que su ausencia convertiría en nula la votación de su candidatura.
El propósito de Puigdemont, se conoció después de la reunión que sostuvo en Bélgica con Marta Rovira, número dos de ERC. Ella negocia en nombre de Oriol Junqueras, el líder del partido que está preso en la cárcel madrileña de Estremera desde noviembre por los mismos delitos que se le achacan al expresidente.
Rovira, según fuentes del ERC, no le garantizó a Puigdemont el apoyo a su investidura, sino que prometió “estudiar las implicancias legales” de la hipotética táctica remota. El candidato le ofreció que sea la vicepresidenta.
En su pulso contra España, Puigdemont lanzó una cruzada para recuperar el cargo del que lo destituyó el presidente Mariano Rajoy, hace dos meses y medio. Promete regresar al país solo después de ser designado. Eso obligaría a la Justicia a detener a un presidente democráticamente elegido y en activo. Lo imagina como una tremenda mancha en la reputación de España ante sus socios europeos.
La radicalidad en la que se instaló después de su buen desempeño electoral (solo fue superado por Ciudadanos, que no tiene números posibles para formar gobierno) descoloca incluso a ERC, de mayor tradición secesionista.
Rovira se mostró cauta sobre la suerte de la investidura a distancia. Plantear ya mismo otro desafío a la legalidad pone en peligro a muchos de los diputados electos -incluso a ella- que enfrentan procesos legales por la revuelta separatista de octubre.
