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ASUNCIÓN.- El presidente de la República, Horacio Cartes, firmó el Decreto N° 6.657 por el cual establece que para la ejecución del Presupuesto General de la Nación, para el ejercicio fiscal 2017 de los Organismos y Entidades del Estado, seguirá vigente el presupuesto de ingresos, gastos y funcionamiento aprobados por Ley 5.554/2016.
De este modo queda vigente para el presente año el Presupuesto General de la Nación aprobado para el ejercicio fiscal 2016, y sus modificaciones al 31 de diciembre del mismo año, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 1.535/1999, de Administración Financiera del Estado.
Además, se autoriza a los Organismos y Entidades del Estado (OEE) a realizar en el Sistema Integrado de Administración Financiera, la carga de los gastos prioritarios establecidos en los artículos 22 y 56 (primer párrafo) de la Ley N° 5.554/2016, que podrán ser ejecutados con cargo a los ingresos, gastos y financiamientos aprobados.
El documento expresa que “los gastos prioritarios deberán ser regularizados por los OEE, en la presentación del Plan Financiero 2017 para su aprobación”.
Así también, en su artículo 3° autoriza a los Organismos y Entidades del Estado al pago de la Deuda Flotante, con cargo a los saldos disponibles en las cuentas bancarias del Tesoro Público y de los Organismos y Entidades del Estado, que deberá ser pagada a más tardar el último día del mes de febrero del ejercicio fiscal vigente.
En el artículo 4to. dispone que constituirá deuda flotante, de conformidad con el artículo 28 de la Ley 1.535/1999: de la Tesorería General, las obligaciones de gastos registrados no transferidos al 31 de diciembre de 2016, de las entidades que reciben transferencias de la Tesorería General, incorporadas en las Solicitudes de Transferencias de Recursos, recepcionadas y registradas en la Dirección General del Tesoro Público, dependiente de la Subsecretaría de Estado de Administración Financiera del Ministerio de Hacienda.
Así como de las demás entidades, las constituidas por las obligaciones registradas en la contabilidad y en la ejecución presupuestaria, no pagadas al 31 de diciembre de 2016.
El Ejecutivo optó por el presupuesto del 2016 al rechazar las modificaciones realizadas por el Senado al PGN 2017, que contemplaba aumentos siderales de salarios, además de limitaciones de deudas y emisión de bonos.
