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ASUNCIÓN.- En la audiencia prevista para el 7 de febrero próximo en Costa Rica, el Estado paraguayo buscará controvertir los hechos mismos de la supuesta tortura y desaparición forzada, para deslindar su responsabilidad en el caso Juan Arrom y Anuncio Martí, quienes solicitan un resarcimiento económico de 63 millones de dólares, expresó la directora de Derechos Humanos del Ministerio Público, Alejandra Peralta.
Afirmó que lo que quiere hacer el Estado paraguayo “es controvertir los hechos en sí”, es decir, el supuesto secuestro y tortura de Arrom y Martí por parte de agentes del Estado. “Nosotros negamos la existencia de los hechos de tortura y negamos la participación de agentes del Estado. Se está jugando nada más y nada menos que la responsabilidad internacional del Estado paraguayo por hechos de tortura y desaparición forzada en tiempos de democracia y esperamos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos obre como tiene que ser”, dijo la directora.
Señaló que en el proceso se ha observado un sesgo por parte de la comisión interamericana, que da por ciertos los hechos alegados por los demandantes y que en cada párrafo de las 44 páginas de su informe señalaron argumentos de conveniencia para los denunciantes y que perjudican al Estado paraguayo.
“Ante ese escenario vamos a ir a enfrentarnos, vamos a contar solamente con la oralidad de uno de los cinco testigos propuestos y en contrapartida tenemos a los acusantes, que son la CIDH y las presuntas víctimas, Arrom y su hermana, que van a ir a hablar en términos sentimentales”, refirió Peralta.
