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ASUNCIÓN. La ministra de Justicia, Cecilia Pérez, dispuso la destitución de Antonio Bazán del cargo de director General de Establecimientos Penitenciarios y designó en su reemplazo a Cristian Ortíz. Además, adoptó una serie de medidas correctivas, luego de descubrirse que un presunto narcotraficante vivía rodeado de lujos en la cárcel de Pedro Juan Caballero, que fue clausura.
“El Ministerio de Justicia informa que ha adoptado una serie medidas en el marco de los últimos hechos ocurridos en la Penitenciaría de Pedro Juan Caballero”, inicia el comunicado difundido por la cartera de Estado.
Añade: “Se ha dispuesto la creación de una ‘Comisión de Verificación de Establecimientos Penitenciarios’, con el mandato de realizar el control en todas las penitenciarías del país en cuanto a la distribución de los espacios, la existencia de celdas individuales lujosas y equipos de networking y telecomunicación; en el marco de un plan de redistribución racional y equitativa a ser aplicado en todo el sistema penitenciario”.
“Se ha ordenado la intervención de la Dirección de Asuntos Internos y Anticorrupción a fin de determinar eventuales omisiones o irregularidades en cuanto a las atribuciones y obligaciones de dicha dependencia. Durante la intervención se procederá a la verificación de las denuncias recibidas y la tramitación de estas, además de las actuaciones de oficio realizadas por esta dependencia, a fin de adoptar las medidas tendientes a optimizar su funcionamiento”, señala el comunicado emitido por el Ministerio de Justicia.
“A su vez, fue designado el señor Cristian Ortiz, en carácter de director general interino de la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios y separado del cargo, el señor Antonio Bazán, entre tanto sean deslindadas las responsabilidades respectivas”, menciona.
Resalta que “el Ministerio de Justicia reafirma su compromiso de depurar el talento humano del sistema penitenciario y en ese marco, esta administración ha sumariado a 102 funcionarios, con sus correspondientes sanciones. En el caso del personal contratado que ha incurrido en faltas a sus deberes, no se ha renovado contrato de 111 personas en el 2020, y 53 en el 2021”.
“Esta administración se encuentra apostando a la profesionalización y a la dignificación de la labor de los agentes penitenciarios, en el marco de un proceso con desafíos y obstáculos, que son abordados institucionalmente”, puntualiza.
El 9 de octubre pasado se produjo un cuádruple homicidio en Pedro Juan Caballero. En el marco de la causa, la Fiscalía allanó el calabozo donde se encontraba Faustino Ramón Aguayo, supuesto autor intelectual del crimen. La incursión permitió encontrar una “celda vip” donde el presunto narcotraficante vivía rodeado de lujosas comodidades, además de compartir con mujeres. Incluso en el momento del allanamiento la comitiva encontró con Aguayo a una joven.
Ante estas circunstancias, la ministra Pérez dispuso el cierre del penal y el traslado de los reclusos a otras penitenciarías del país.
