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“La Patria no se vente, sino que se defiende”; fue la frase que el presidente Horacio Cartes emitió a través de sus redes una vez conocida la sentencia de un juez federal de Washington DC, que favoreció a Paraguay en el caso Gramont Berres. Se puede interpretar de diversas maneras y una de ellas como respuesta a la negligente actitud de tres gobiernos anteriores y a dirigentes de la oposición y de la disidencia que abiertamente opinaron que se debe pagar una cuenta ilegal. Hace más de diez años se iniciaba una carrera judicial por US$ 85 millones y tres administraciones anteriores no movieron un solo documento en defensa de los intereses de Paraguay; es más, uno de ellos, Federico Franco, inició gestiones para pagarla.
ASUNCIÓN.- En mayo de 2005 iniciaba un proceso de cobro de una deuda que gratuitamente se cargaba al Tesoro Nacional. El Tribunal Federal de Suiza condenó al Paraguay a pagar US$ 86 millones que reclamaba un consorcio de bancos europeos y norteamericanos que adquirió la cuenta generaba por Gustavo Gramont Berres, cónsul honorario del dictador Alfredo Stroessner.
Pasaron 12 años con una demanda de por medio ante tribunales federales de Estados Unidos, para que se resuelva lo que pudo haber sido una catástrofe financiera para Paraguay. Según cálculos aproximados, la demanda de SACE iba a pasar de US$ 100 millones a US$ 1.000 millones con los intereses.
La administración Duarte Frutos tomó razón e instruyó a su canciller, Leyla Rachid Lichi, iniciar acciones que llegaron hasta la contratación de un estudio jurídico español y la comunicación a Suiza del rechazo de la sentencia del Tribunal Federal de ese país del 31 de mayo de 2005 y se anunciaba, Decreto mediante (N° 6295/05), que no se reconocía la deuda y la sentencia, y que no se asumía el pago. Más un reclamo ante las Naciones Unidas.
Un año después Rachid dejó el cargo y el reclamo a Suiza cayó al olvido. Nadie supo informar que pasó, no se supo de formalización o desistimiento de la protesta.
El status quo heredaron los siguientes gobiernos. El ingreso de Fernando Lugo al poder no cambió el estado de las cosas, en tanto las acciones en Europa seguían y con ellas crecía la deuda.
La actitud negligente de Lugo fue la constante y Federico Franco no demostró visos de preocupación.
Ninguno de los expresidentes mencionados explicó la actitud reiterada en sus correspondientes administraciones. En sus respectivos informes a la Nación tampoco contenía secciones explicativas. Nunca hubo intenciones de acercamiento a los deudores, todos se contentaron en la primera reacción, la de Duarte Frutos.
La criolla y negligente actitud de dejarlo todo para último momento arriesgó los intereses financieros de un país que intenta salir a flote. Los co-responsables: Leyla Rachid Lichi, José Félix Fernández, Jorge Lara Castro, Héctor Lacognata, Alejandro Hamed y Rubén Ramírez.
CARTES
La administración Cartes se hizo cargo del caso en 2015, cuando la SACE compró la deuda y radicó una demanda en los estrados federales de Estados Unidos.
Por entonces la deuda creció y reclamó US$ 100 millones; contra la negativa de todos los referentes de la oposición que exigían el pago de la deuda como única salida, Cartes decidió hacer frente la demanda.
El primer triunfo judicial fue el 21 de marzo, pues la Justicia norteamericana hizo lugar a los argumentos de la defensa paraguaya y emplazó por 30 días a responder.
El 26 de este mes, durante un desayuno con periodistas, en Mburuvicha Róga, el jefe de Estado informaba que “la empresa SACE no apeló la sentencia dictada a favor de nuestro país el 21 de marzo pasado por la jueza federal de Washington, Estados Unidos de América, Ketanji Brown Jackson”. El fallo quedó firme al no haber apelación en el plazo procesal de un mes.
