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En el Congreso analizarán, por primera vez, un proyecto de ley que destina, durante 3 años, el 5% de los royaltíes que recibe el gobierno de Itaipú y Yacyretá, a pagar la deuda que aproximadamente 11 mil campesinos tienen con los bancos de plaza y el Banco Nacional de Fomento. Estos royaltíes son dilapidados, en gran parte, por autoridades locales que se amparan en el Fonacide.
ASUNCIÓN.- Hasta ahora se ha hecho vito con lo que recibe el Estado de Argentina y Brasil, en compensación por el uso de nuestra energía en Yacyretá e Itaipú, respectivamente. Parte de esto se ha entregado, vía Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), a las gobernaciones y municipalidades de todo el país, con la exigencia de que debía ser destinado al mejoramiento de la infraestructura de los colegios y escuelas de las respectivas zonas y de la rendición de cuentas. Pues bien, este dinero se usó para enriquecimiento personal de gran parte de estas autoridades regionales, y la mayoría de ellas ni siquiera se ha molestado en presentar dicha rendición de cuentas.
Es cierto que la ley que establece en qué se usarán los royaltíes no contempla el pago de la deuda de los campesinos; sin embargo, el proyecto presentado en la Cámara de Diputados incluye la modificación de la Ley 3.984/10, que establece la distribución y uso de los mismos, incluyendo el pago de las deudas de los campesinos, quienes por su situación de mora se encuentran sin poder trabajar ni producir su tierra.
Es la primera vez que a un gobierno se le ha ocurrido esta salida, que permitirá que estos compatriotas puedan volver a actuar en el mercado y conseguir su supervivencia. Hasta ahora, las deudas adquiridas por los trabajadores de la tierra se han considerado una especie de cruz que debían cargar y de la que solamente podían liberarse con la muerte.
Desde abril pasado, el gobierno se ha sentado a negociar con los representantes de los campesinos y ahora se ha llegado a la última fase, que es conseguir saldar, vía royaltíes, las deudas que siguen teniendo, en un plazo de 3 años, utilizando solo el 5% de lo que nos entregan Argentina y Brasil.
Es inentendible que haya sectores políticos y de prensa que cuestionen este proyecto y, sin embargo, no han manifestado la menor crítica ante la forma como gobernadores e intendentes han dilapidado este dinero. La deuda total de los pequeños productores asciende a G. 179 mil millones, lo que da un promedio de G. 8,7 millones por cada campesino.
