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ASUNCIÓN.- Este lunes, la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP) emitió un comunicado que refiere a los casos de abuso sexual infantil ocurridos en las iglesias.

“Como Obispos de la Iglesia Católica en el Paraguay compartimos con toda la ciudadanía la indignación y el dolor por cada caso de abuso y por cada persona lastimada y vulnerada en su dignidad. Además, nos llena de vergüenza cuando estos crímenes y pecados son realizados por católicos y dentro de las instituciones de la Iglesia, en particular por aquellos que ejercen el ministerio ordenado en la Iglesia, por personas consagradas, o personas de confianza que colaboran o trabajan en instituciones de la Iglesia. Nos duele y conmueve cada caso, y no queremos que estos hechos sigan ocurriendo en nuestra Iglesia y en nuestra sociedad; ni uno solo.”, señala parte del comunicado.

La institución eclesial presenta su postura luego del controvertido caso del sacerdote Félix Gamarra, quien no irá a prisión, a pesar de ser declarado culpable; en cambio, debe donar G. 5 millones.

“Con el mismo espíritu, reiteramos:

Que la CEP está firmemente comprometida con la protección de los menores y de las personas vulnerables, como lo ha manifestado con los Protocolos para la investigación de denuncias sobre abuso sexual de menores y de prevención de abusos sexuales contra menores.
Que no toleraremos abusos ni faltas graves contra la moral, y que los casos comprobados serán sancionados conforme al derecho canónico, sin excluir la dimisión del estado clerical y la expulsión.
Que para una responsable y efectiva acción a favor de las víctimas, los casos deben ser debidamente documentados y procesados conforme a las normas eclesiásticas.
Que los delitos deben ser denunciados ante las autoridades nacionales y que no se debe impedir de ninguna forma la aplicación de las leyes nacionales.
Que como Pastores estamos siempre dispuestos a acoger, escuchar y ayudar a todos aquellos que presenten responsablemente una denuncia de abuso. Comprometemos nuestra cooperación en la búsqueda de justicia y en la medida de lo posible, en la reparación del daño moral y en el proceso de sanación.
Que se están aplicando estas normas y criterios, como en el caso actual de un sacerdote redentorista en la Diócesis de Encarnación, y que se seguirán aplicando.
Que las acciones y decisiones de la justicia nacional son totalmente independientes de la Iglesia, debiendo las instancias responsables del Poder Judicial, juzgar los delitos y aplicar las sentencias conforme a las leyes nacionales.”