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ASUNCIÓN. Varios legisladores fueron citados para testificar en el juicio oral y público relacionado con el caso de importación de insumos chinos. Son diputados que habían realizado verificaciones de los suministros médicos y materiales hospitalarios que llegaron al país en un avión carguero en abril de 2020, con el objetivo de combatir la pandemia de COVID-19. La diputada Kattya González (PEN), una de las convocadas por el Juzgado, mencionó que tienen documentadas las supuestas irregularidades detectadas entonces.
La importación de estos insumos se llevó a cabo a través de un proceso de licitación convocado por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. El contrato adjudicado a las empresas Insumos Médicos SA y Eurotec SA, del clan Ferreira, por un monto de G. 85.000 millones, despertó la atención de los legisladores, quienes determinaron verificar la llegada de los productos al país, mencionó González, quien deberá comparecer al juicio oral hoy a las 08.00.
La diputada recordó que un grupo de colegas y ella acudieron al aeropuerto internacional Silvio Pettirossi para realizar las verificaciones pertinentes. Esta acción condujo posteriormente a la intervención de la Contraloría General de la República, que emitió un informe especial con algunas observaciones sobre la fiscalización realizada.
“Seguramente fuimos citados para relatar lo que pudimos constatar en el proceso de verificación. Habíamos documentado aquella intervención que hizo el grupo de diputados. Elaboramos un informe acerca de los resultados en aquella oportunidad y entiendo que es el motivo de nuestra convocatoria”, indicó González.
Recordó que dos denuncias penales antecedieron a este caso, por ejemplo, contra la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) y Petropar, en casos relacionados con los tapabocas y el agua tónica, respectivamente. “Estábamos haciendo una serie de verificaciones en el marco justamente de nuestro rol constitucional, porque hay que entender también que el rol del Poder Legislativo no es solamente dictar leyes, sino que además controlar y nosotros en aquel momento habíamos habilitado una línea de crédito súper importante al Gobierno de más de US$ 1.600 millones con los cuales estaban realizando la compra de estos insumos”, destacó la diputada.
Dijo que a pesar de las facilidades otorgadas, los legisladores verificaron discrepancias importantes entre las mercaderías declaradas y las que realmente llegaron a la zona primaria. Además, muchos de los insumos rechazados por el Ministerio de Salud no cumplieron con las especificaciones técnicas establecidas en el pliego de bases y condiciones de la licitación.
Las firmas Imedic y Eurotec, pertenecientes al denominado clan Ferreira, fueron protagonistas de principio a fin del drama estatal. El cargamento rechazado proveniente de China contenía 40.000 mascarillas, 30.000 protectores oculares, 6 millones de máscaras quirúrgicas, mamelucos, trajes protectores, entre otros, y fueron adquiridos por el Estado por la suma de US$ 14 millones.
