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ASUNCIÓN. La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de resolución para solicitar informes al Comando de las Fuerzas Militares, con el objetivo de investigar las acciones institucionales relacionadas con un informe de la Contraloría General de la República que destapó una serie de irregularidades en la Dirección de Material Bélico (Dimabel).
El proyecto de resolución fue presentado por el legislador José Rodríguez y se centra en el “Acuerdo Previo de Entendimiento sobre Cooperación Técnica” que fue suscrito con la empresa Compañía Brasilera de Cartuchos Mercosur SA, representada por su administrador general, Óscar Mersán De Gásperi, quien es el accionista mayoritario de la firma. El acuerdo fue firmado por el general Aldo Daniel Ozuna Recalde el 5 de abril de 2022 y ha sido objeto de controversia desde entonces.
La Contraloría General de la República, liderada por Camilo Benítez, cuestionó el acuerdo, argumentando que no se contaba con los permisos requeridos por parte del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Además, el órgano fiscalizador señala que las cláusulas del acuerdo podrían poner en riesgo los activos patrimoniales de la Dimabel, así como información confidencial relacionada con la seguridad nacional. Estas preocupaciones se basan en el informe resultante de un total de 4,000 auditorías correspondientes al ejercicio fiscal del año 2022 y el primer cuatrimestre del año 2023.
El pedido de informes realizado por el congresista José Rodríguez busca obtener respuestas sobre las actuaciones y operaciones realizadas en virtud de este acuerdo, así como determinar si el acuerdo sigue vigente y qué actos jurídicos se llevaron a cabo desde el Comando de las Fuerzas Militares. Rodríguez argumenta que el convenio va en contra de las leyes 1.337/99 y 4.036/2010, la primera de las cuales establece las bases jurídicas, orgánicas y funcionales del sistema de planificación, coordinación, ejecución y control en la defensa nacional, mientras que la segunda regula armas de fuego, piezas y componentes, municiones, explosivos, accesorios y otros elementos relacionados.
Según el proyecto de resolución, las máximas autoridades de las Fuerzas Militares tienen un plazo de 15 días hábiles para proporcionar respuestas a los requerimientos de la Cámara Baja. Esta solicitud de informes ha generado un debate intenso en el Congreso y entre la ciudadanía, ya que se espera que arroje luz sobre la controversia en torno al acuerdo entre la Dimabel y la empresa brasileña, así como sobre posibles implicaciones legales y de seguridad nacional.
