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La empresa que fue contratada por la Municipalidad de Luque para el cobro de impuestos, dejó un “clavo” de G. 1.800 millones. La concejal Francisca Franco (PLRA) hizo la denuncia e informó que la Junta Municipal decidió cancelar el contrato con la firma Consorcio Tributario, por supuestas serias irregularidades. La comuna se expone a una millonaria demanda, según se informó.
LUQUE.- La tercerización del cobro de impuestos en esta ciudad fue mal concebida y como tal, no podía terminar bien. Hace más de un año se denunció la violación de los artículos 169 y 170, de la Ley Orgánica Municipal y otros artículos de la Ley de Concesiones, para otorgar el cobro mencionado a la firma Consorcio Tributario.
La empresa estaría ligada al intendente municipal, Carlos Echeverría, pero se integró en consorcio con Relevamientos Catastrales S.A. y Relcat Paraguay S.A. y tienen como representante a Diego Armando Cardona Herreros, quien fue investigado en la Argentina por la presunta comisión de delitos relacionados con contrataciones para prestar servicios similares a los ofrecidos a la comuna luqueña.
Esta vez, la concejal del PLRA, Francisca Franco, recordó que en diciembre pasado se derogó la Ordenanza N° 19/2016, que estableció el servicio de modernización de la gestión tributaria y catastral de la Municipalidad de Luque, que se venía implementando desde el 2017. El contrato era por 15 años (hasta 2032).
La concejal municipal Franco explicó que actualmente están con el inconveniente de que la empresa anunció una demanda contra el municipio por el incumplimiento del contrato. Al mismo tiempo remarcó que, “jamás se recaudó lo que se tenía que recaudar. Ellos llevaron en un año G. 1.800 millones (en concepto de consultoría), además de los intereses y recargos que no estaban estipulados en el contrato”, dijo y agregó que la mencionada suma es un “clavo” para la Municipalidad.
Siguió diciendo que en su momento, la empresa Consorcio Tributario (adjudicada con el contrato), ni siquiera presentó la inversión que iba a realizar para la implementación del servicio. “Nosotros le dimos el edificio, le dimos 40 funcionarios. Al final, todo otra vez puso la Municipalidad para que esta empresa trabaje”, precisó.
“Fue un fracaso desde el inicio, ya que el año pasado tuvieron que hacer un sobregiro para pagar sueldos. Ni siquiera tenían esa posibilidad de recaudación. El cobro indebido (intereses, mora y recargos) por parte de la empresa, sería de G. 500 millones”, señaló la concejal.
Franco expresó que la forma de pago de la empresa no era transparente.
