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ASUNCIÓN. Por amplia mayoría, la Comisión Permanente del Congreso Nacional rechazó convocar a una sesión extraordinaria para el tratamiento del proyecto de ley que pretendía declarar en Estado de Excepción el departamento de Amambay.

Los proyectistas son los senadores Blas Llano, Fernando Silva Facetti y Abel González, quienes argumentaron: “declarar el estado de excepción en el departamento de Amambay, por la grave conmoción interior generada, por la fuga masiva de criminales de alta peligrosidad, poniendo en total peligro el funcionamiento regular de los órganos constitucionales, así como el resguardo de la vida, la libertad y los derechos de las personas y sus bienes”.

El senador del FG, Sixto Pereira, quien se opuso a la iniciativa, expresó que la aprobación de la misma sólo significaría dar carta blanca a más malversación de recursos, a más corrupción e impunidad. Agregó que esta situación es claramente producto de la corrupción y la impunidad que corroe en estos momentos a los diferentes órganos que deberían estar encargados de ofrecer seguridad y administrar la justicia.

Mencionó que la situación acontecida en el penal de PJC, no resulta un hecho aislado, y qué casos de corrupción que dieron lugar a tal situación se repiten en toda la República. Expresó que tanto las autoridades del Ministerio Público como del Poder Ejecutivo tienen una responsabilidad directa ante esta situación de crisis, y que dichas autoridades en este momento carecen de credibilidad.

En una nota remitida a la Comisión Permanente del Congreso Nacional, el ministro del Interior, Euclides Acevedo, afirmó que no están dadas las condiciones para declarar en Estado de Excepción en dicho departamento. Señaló que la Constitución Nacional exige que haya conmoción social para la declaración, algo que no ocurrió en la zona.

La Asociación Rural del Paraguay igualmente remitió una nota a la Comisión Permanente señalando que “no ven (el proyecto) con buenos ojos, considerando que dicha medida puede ocasionar consecuencias negativas principalmente en lo relacionado al comercio, vital fuente de trabajo de los ciudadanos de nuestras fronteras”.

El proyecto fue presentado como respuesta a la crisis penitenciaria que desembocó días atrás a la fuga de 75 reos del penal de Pedro Juan Caballero.