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El abogado Juan Ernesto Villamayor, representante legal de la empresa Ivesur, explicó a Radio 1000 los pormenores de la demanda ganada por la firma, tras un fallo emitido por un Laudo Arbitral, a la Municipalidad de Asunción, por el incumplimiento de contrato. La sentencia obliga a la comuna a pagar un resarcimiento económico a Ivesur, de US$ 3,6 millones y a su representante legal de alrededor de US$ 500 mil.
ASUNCIÓN.- Sobre el problema que afrontan la comuna capitalina y la empresa Ivesur, dedicada a la Inspección Técnica Vehicular (ITV), se tejieron varias conjeturas, sin embargo ahora llega a su punto final y la comuna está a obligada a pagar US$ 3,6 millones. Sobre el punto, el abogado de la firma, Juan Ernesto Villamayor, habló ayer en Radio 1000, con Mina Felicciangeli.
Villamayor explicó que Ivesur tiene un contrato con la Municipalidad, que es el resultado de una licitación pública internacional, donde la comuna asumió dos compromisos básicos, que en primer lugar destaca que todo el parque automotor de la capital tiene que ser previamente inspeccionado antes de ser habilitado para preservar el medio ambiente y la seguridad para el peatón. En segundo lugar el parque automotor del interior de la República que ingresa a la capital debe tener una inspección en cualquier taller, si no lo tiene es considerado como falta grave.
Indicó que antes de promulgarse la ley de la obligatoriedad de ITV, la comuna asunceña licitó el servicio y firmó un convenio con Ivesur, los compromisos fueron el control del 100% del parque automotor de la capital, como así también lo que ingresan a Asunción. Luego se detectó que la cantidad de vehículos habilitados por la comuna de la capital superaban ampliamente a las inspeccionadas por Ivesur.
Teniendo estos antecedentes Ivesur presentó una acción judicial contra la comuna. Consistía que la Municipalidad habilitó una caja aparte, donde gracias a las coimas, lograban habilitar ilegalmente los vehículos, este hecho se registró hace aproximadamente 8 años atrás, y fue la que ocasionó el conflicto entre Ivesur y la comuna capitalina, dijo Villamayor.
Posteriormente, Ivesur demandó a la Municipalidad, quien se opuso, diciendo que la Justicia no es competente, porque firmó un acuerdo de arbitraje y pretende que la cuestión se defina en sede arbitral, pero la empresa no lo acepta. Sin embargo, el juez salió a favor de la comuna, se apela la decisión y la Cámara confirma el decisorio del magistrado de primera instancia y le obligó a Ivesur a ir al arbitraje, explicó el representante legal de Ivesur.
Villamayor comentó que luego Ivesur presentó la demanda arbitral, en base a la decisión judicial, donde la Municipalidad también concurrió con su abogado y se conformó el Tribunal Arbitral. Este hecho se registró hace 3 a 4 años atrás, durante la administración de Arnaldo Samaniego, se desarrolló el proceso y se sometió a peritaje. La comuna entregó varios documentos, pero no permitieron el acceso a su sistema informático.
Por otro lado, la parte que le obliga a la Municipalidad a controlar los vehículos que entran del interior, tampoco se cumplió.
LA EVASIÓN A LA EMPRESA FUE DE ALREDEDOR DE US$ 20 MILLONES
El abogado Juan Ernesto Villamayor indicó que los tres peritos de la Municipalidad, Ivesur y del Tribunal arbitral, coinciden que fueron habilitados alrededor de 30 mil vehículos sin que hayan pasado por los talleres de Ivesur, en forma absolutamente irregular y además violando el contrato asumido.
“De ahí salió que existía una diferencia de alrededor de US$ 20 millones que fueron evadidas a la empresa, luego Ivesur viendo lo que iba a costar el arbitraje, decidió recortar el monto en US$ 12 millones. Finalmente después de comprobarse todo se presentó la conclusión y salió un Laudo Arbitral que condena a la Municipalidad de Asunción al pago de US$ 3,6 millones. Yo no estoy de acuerdo, pero si hemos aceptado participar de un arbitraje, tenemos que también aceptar el resultado”, apuntó.
Indicó igualmente, que a pedido de la Municipalidad de Asunción se tienen que regular honorarios profesionales, “ahí entro a participar y haciéndole un recorte del 50%, en forma ilegal, llega a alrededor de los US$ 500 mil”, explicó el letrado.
EL LAUDO ESTÁ FIRME Y EJECUTORIADO
Según el abogado de Ivesur, Juan Ernesto Villamayor, el abogado Enrique García Ávalos, exasesor jurídico de la Municipalidad de Asunción y actual Contralor de la República, entró en el proceso en el momento en que se cambió la autoridad municipal, porque hasta ese momento el que llevaba el caso era el Dr. Julio Samaniego.
Supuestamente García no presentó el recurso de nulidad sobre el caso de regulación de honorarios profesionales. Sin embargo, lo habría hecho contra el Laudo Arbitral, referente al cobro de los US$ 3,6 millones que debe cobrar Ivesur, pero el documento “despareció”.
“También se habló de un intento de soborno, para que el pedido de nulidad, se reciba con fecha anterior, en ese sentido existe una total contradicción, ya que también dicen que ya tienen un acuerdo conmigo. Pero lo claro y lo concreto es que el caso está cerrado, el Laudo está firme y ejecutoriado y le están corriendo intereses a la Municipalidad”, destacó Villamayor.
