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ASUNCIÓN.- Otro que no figura en la lista de “escrachables” de los “medios amigos” es el contralor general de la República, Enrique García. Su pedido de enjuiciamiento, por mal desempeño en sus funciones, duerme en el Congreso Nacional.
En marzo de este año, el fiscal de Delitos Económicos, Leonardi Guerrero, lo imputó porque en su carácter de asesor jurídico de la Municipalidad capitalina, no apeló un fallo arbitral que condenó a la Comuna a pagar US$ 3,6 millones a empresa Ivesur, que se dedica a la inspección vehicular. La Fiscalía consideró que la presentación de los documentos para responder a esta demanda, no fueron presentadas en tiempo y forma por García.
El hecho fue investigado en principio como lesión de confianza por presunta omisión.
Luego, la causa judicial pasó a caratularse como producción de documentos no auténticos.
En tanto, el mal desempeño de funciones, por el cual también piden su juicio político, hace referencia a la asignación irregular de viáticos, concesión indebida de privilegios, contratación irregular de consultorías y tráfico de influencias.
El Ministerio Público inició la investigación contra Enrique García ya en el 2016, que primero estuvo a cargo de la fiscal Nadine Portillo.
En el caso Ivesur, aseguran que el exdirector jurídico de la Municipalidad era quien tenía que recurrir el fallo. Sin embargo, mediante resoluciones de los Tribunales de Apelación del fuero civil de Asunción, Primera y Quinta Salas, se corroboró que la Comuna no apeló la sentencia que le obliga a pagar la millonaria suma en concepto de indemnización.
Se comprobó también una adulteración de documentos. Según la Fiscalía el funcionario de la asesoría Jurídica, Rodolfo Duarte, supuestamente fue el encargado de presentar el escrito de apelación. En dicho documento, se pusieron sello y firma de que el escrito fue recibido en la Primera Sala, pero el Ministerio Público comprobó que la firma que aparece en el recibido fue falsificada.
