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El ministro de Justicia, Julio Javier Ríos, y el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Arnoldo Wiens, firmaron ayer un acuerdo con el fin de iniciar los trámites para la construcción de cuatro nuevas cárceles en tres departamentos del país. Afirman que dentro de 10 días aproximadamente llamarán a licitación de las obras. La medida busca paliar la emergencia penitenciaria declarada por el alto índice de hacinamiento. La inversión estimada para la ejecución es de 70 millones de dólares, que será financiada con bonos soberanos del Estado.
ASUNCIÓN.- El titular de Justicia sostuvo que la construcción de nuevas sedes penitenciarias se realizará con el fin de aliviar la situación actual de emergencia que atraviesa el país.
“Estamos en una situación de emergencia en el sistema penitenciario y en ese contexto el Gobierno Nacional, mediante este convenio que se suscribió esta mañana, estará trabajando de manera conjunta para la construcción de nuevas sedes penitenciarias”, afirmó.
Ríos sostuvo que dos de ellas serán construidas en la ciudad de Emboscada, departamento de Cordillera, que tendrán una capacidad para 1.200 reclusos. Otra con capacidad para 1.200 personas será levantada en la ciudad de Minga Guazú, departamento de Alto Paraná y una penitenciaría para mujeres será construida en la ciudad de Itauguá, en el departamento Central.
El ministro de Justicia afirmó que dentro de 8 a 10 días ya se estaría publicando en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) el llamado a concurso para la construcción de las cárceles y que al mismo tiempo serán alzadas las licitaciones para la construcción de las 4 penitenciarías.
Ríos aseguró que la adjudicación a las empresas ganadoras del concurso no pasará de fin de año.
La inversión estimada para la ejecución de las obras es de US$ 70 millones, que serán financiados con bonos soberanos del Estado. “Las nuevas sedes penitenciarias cumplirán con todas las exigencias en niveles de seguridad y respeto a los derechos humanos”, afirman.
“Una vez culminadas, las nuevas sedes albergarán el 40% de la población penitenciaria actual y se implementará un nuevo modelo de gestión penitenciaria basado en las exigencias internaciones sobre el manejo de las personas privadas de libertad en materia de rehabilitación, seguridad y reinserción social”, refiere el Ministerio de Justicia, a través de su página oficial.
