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ASUNCIÓN. Una nueva denuncia deja a las claras que el Indert es una máquina de corrupción y apriete para quienes pretenden ser adjudicados con tierras del Estado. El primer caso, de Albino Méndez, involucró “solamente” 25 mil dólares, y él los pagó. Pero para Rolando Ismael Fernández las cosas no fueron tan “sencillas” ya que a él le pidieron ¡480 mil dólares! para adjudicarle la titulación de 4 lotes, de 4 mil hectáreas cada uno, que venía trabajando con 3 socios más desde el 2015, introduciendo muchas mejoras desde entonces.

A diferencia del caso de Méndez, que fue el escándalo que saltó en los últimos días, Fernández se negó a pagar y a consecuencia de esto, una banda de matones le despojó de sus tierras, lo que deja en evidencia el sistema de extorsión y chantaje, y no pone en duda de que existe una abierta complicidad de mucha gente, especialmente fiscales y policías.

Raúl vega, abogado del ganadero que hace la denuncia, conversó con la 970 y comentó que estas tierras fiscales venían siendo trabajadas desde el 2015, por Fernández y sus socios, introduciendo muchas mejoras. Cuando terminaron de hacer la mensura judicial, piden la licencia ambiental, luego de haber montado una infraestructura muy costosa.

A partir del mes de julio empezaron las presiones, a través de visitas encabezadas por Enrique Gómez de la Fuente, director del Indert para la Región Occidental. Este funcionario, también implicado en la primera denuncia, fue ubicado en el cargo por recomendación de un amigo muy cercano al ministro de Agricultura, Rodolfo Friedmann, llamado Alberto Antebbi.

Cuando el ganadero se negó a pagar la millonaria coima y junto con sus socios hizo un interdicto de retención de la propiedad, como protección, resulta que aparecen 4 nuevos adjudicatarios, 3 de los cuales son estudiantes y el último, un amigo de Diego Chagra, vecino de la propiedad y persona muy señalada por los denunciantes en todo este proceso ya que, aseguran, el objetivo sería que la adjudicación sea para él.

Los matones convocados estuvieron encabezados por Evando Da Rosa, que se dedica a desalojos profesionales y se asegura que es muy cercano a Gómez de la Fuente, y desalojan al capataz y a las personas que se encontraban en la propiedad.

El esquema funcionó de manera tan eficiente que no nos deja dudas de que es aplicado con mucha frecuencia, por funcionarios del Indert, para sobornar y apretar a quienes pretenden convertirse en adjudicatarios de tierras fiscales.